Los activistas de la ONG Greenpeace
adelantaron en el Obelisco porteño
el debate que se hará hoy en la
Legislatura sobre los contratos de la
basura en la Capital Federal. Obviamente,
con críticas a la administración
Macri.
Más de ochenta expositores darán hoy su opinión en una audiencia pública para debatir la nueva modalidad que el gobierno de Mauricio Macri quiere imponer en los contratos de recolección de residuos domiciliarios, que insumirá alrededor de $ 1.000 millones el año próximo. Se encontrarán desde vecinos hasta funcionarios y militantes de diversas ideologías para discutir la norma que propone Mauricio Macri.
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Hasta ahora, el proyecto de ley se discutió con distintos sectores en la Comisión de Obras Públicas que conduce el peronista-macrista Cristian Ritondo. Pero hoy, a las nueve, en el Salón Dorado de la Legislatura se iniciará el último paso hasta que la discusión quede acotada a los bloques legislativos y llegue al recinto.
El proyecto cambia la forma de pago del servicio que actualmente se hace por «zona limpia» y volverá a efectuarse por toneladas de desperdicios recogidas. Esa es una de las principales polémicas del proyecto al no considerar otra ley de la Ciudad, Basura Cero, que impone recuperar progresivamente los elementos que se desechan para producir menos desperdicios.
Cooperativas
Sin embargo, el Gobierno porteño anunció que se incorporará una mecánica para que los cartoneros sean formalizados y sigan, a través de cooperativas, realizando su actividad en centros destinados para eso. De hecho, más de una decena de cooperativas participarán de la audiencia para defender el proyecto ya que viene trabajando esos aspectos con el Ministerio de Espacio Público que conduce Pablo Piccardo.
Ayer ocho militantes de la organización ambientalista Greenpeace fueron demorados tras una protesta que consistióen que dos integrantes de la ONG treparan con cuerdas y arneses al Obelisco porteño, para colgar un cartel con la leyenda «Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA). Primero en Contaminación. ¡Basura Cero Ya!».
La protesta provocó caos en el ya castigado tránsito porteño al verse obligada la Policía Federal a cortar la circulación y permitir que se acerquen los Bomberos para bajar a los activistas del símbolo ciudadano. El operativo, que se extendió por más de una hora, logró finalmente sacar a los militantes del Obelisco, pero el gobierno de Macri instruyó que fueran castigados por contravenir las normas.
Denuncia
«Es una falta de respeto a los vecinos», aseguró ayer Piccardo. Greenpeace denunció que la gestión de residuos que impulsa el Gobierno porteño es la principal causa de contaminación del conurbano bonaerense y reclamó que los pliegos de concesión del servicio de recolección de residuos domiciliarios promuevan la separación en origen y el reciclaje con la idea de reducir las más de 5 mil toneladas diarias de desperdicios que producen los vecinos de la Ciudad. El Gobierno porteño acordó con el bonaerense la construcción de dos nuevos rellenos sanitarios en la provincia de Buenos Aires, que serán financiados por la Capital Federal.
Otro de los cambios en la ley es la extensión de los contratos por 10 años (el actual vence a principios de 2009 y se hizo por cuatro años) y la reducción de zonas a concesionar, que serán tres en lugar de las cinco existentes, pero siempre se mantendrá una zona testigo a cargo de empleados propios de la Ciudad de Buenos Aires.
La polémica que continuará hoy en la audiencia pública, donde cada participante tendrá cinco minutos para exponer, luego se trasladará al recinto que tiene previsto sancionar la ley antes de fin de mes, pero le incorporarían los cambios que ya fueron conversados en comisión, como hacer un doble mecanismo para el pago, para que una parte se salde por tonelaje y otra por la verificación de la correcta limpieza de cada zona.
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