Decreto frena reacción ante amenaza terrorista

Por el frustrado atentado en Londres, las autoridades del gobierno nacional decidieron aumentar las medidas de seguridad en el aeropuerto de Ezeiza para prevenir posibles atentados.

La decisión del gobierno nacional de reforzar ayer la seguridad en terminales aéreas y en el espacio aéreo del país por el atentado desbaratado en Gran Bretaña sorprendió al brigadier general Eduardo Schiaffino, titular de la Fuerza Aérea. Mientras se llevaba a cabo la ceremonia del 94º aniversario de creación del arma en Córdoba que encabezó la ministra Nilda Garré, la incertidumbre cubrió las decisiones de los aviadores militares, quienes por el decreto que reglamentó la Ley de Defensa están privados de ejecutar operaciones contra amenazas no convencionales, como el terrorismo internacional. La letra del decreto reglamentario de la Ley de Defensa impulsado por Nilda Garré prohíbe «la utilización del instrumento militar hacia funciones totalmente ajenas a la defensa, usualmente conocidas bajo la denominación 'nuevas amenazas', responsabilidad de otras agencias del Estado».

Los hechos sucedidos en Londres pusieron en duda otra vez la idoneidad de la nueva política de defensa que apela a la negación antes que al análisis de una cruenta realidad confirmada por el sistema global. Schiaffino puede sentirse aliviado: la coyuntura de inseguridad internacional le dio cobertura cuasi legal al operativo Pulqui que la Fuerza Aérea tiene en ejecución desde junio de 2004 en el nordeste del país a pesar del cambio ordenado por Garré. ¿Y lo dejó a salvo de la reprimenda presidencial? Operación Pulqui es el nombre código -tomado de aquel aparato a reacción, promovido por Juan Perón, desarrollo de científicos alemanes fugados de la Segunda Guerra Mundial-; se aplica al teatro de operaciones de la Triple Frontera, clásico reclamo estratégico de Estados Unidos a los países de la región cuando recrudecen las acciones terroristas en otros puntos del globo.

Carencia

Aunque a su favor Schiaffino puede argüir que las operaciones aéreas de detección e interceptación de vuelos furtivos (contrabando, narcotráfico y aparatos que puedan ser usados para atentados terroristas) que ordenó en la zona caliente de la frontera norteña (Zodane, Zona de Defensa Aeroespacial Nordeste) están amparadas por otro decreto: Nº 1407/04 que firmó Néstor Kirchner a instancias del entonces ministro de Defensa José Pampuro. Pero no se pueden derribar porque el país carece de ley de tiro de destrucción.

También que para la Cumbre de las Américas que tuvo lugar en Mar del Plata se había autorizado la compra de nueve misiles norteamericanos AIM 9-L Sidewinder para lanzarlos contra blancos que fueran amenaza para los presidentes. El Decreto 1.407, en vigor, dio origen al Sistema de Vigilancia y Control del Aeroespacio (Sinvica) y entre los fundamentos se lee: «Dado el incremento que ha tenido la actividad de vuelos ilícitos a nivel mundial y más específicamente a nivel regional, relacionados con el contrabando y el uso del medio aéreo como elemento terrorista, se hace imprescindible poder contar con radares y sistemas que realicen un control efectivo del aeroespacio, de manera de proteger el tránsito aéreo en el ámbito nacional, el desarrollo económico del país y la seguridad de sus fronteras». La contradicción de concepto de dos ministros del mismo gobierno que se sucedieron en el cargo se diría exculpa a los aviadores militares, quienes como manda la formación castrense sólo cumplen órdenes, más si están escritas. En rigor, la esencia del Decreto 1.407/04 sobre el Sistema de Vigilancia era darle prioridad y jerarquía institucional a la adquisición de radares para el control y la vigilancia aéreos, aún sin cumplir.

El operativo Pulqui -también autorizado en ese decreto- contribuye con cuantiosos datos estadísticos de interceptaciones de vuelos ilegales demostrativos de la permeabilidad de la frontera. Esos datos se acumulan para análisis del equipo de Carlos Aguilar, director nacional de Inteligencia Estratégica Militar y de la inteligencia del Estado Mayor Conjunto. La vigilancia se cubre con escuadrillas (cuatro aparatos) rotativas cada mes de Pucará, A4-AR Figthtinghawks y Mirage, con base en Resistencia y en Posadas, y viejos radares móviles TPS-43. El último relevo del personal (34 operadores) asignado a los radares programado para el 1 de agosto pasado tuvo una demora de una semana debido a que el Hércules C-130 que los transportaba sufrió la falla de dos motores.