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11 de septiembre 2006 - 00:00

Decretos: oposición va a la Corte

Cristina Kirchner impulsó personalmente en el Senado con un proyecto propio la reglamentación del control de los decretos de necesidad y urgencia que firma el Presidente. Fue un trámite áspero con duros cruces con la oposición que, sumados al debate de los «superpoderes», expusieron en demasía a Cristina. La senadora fue la cara de ese proyecto que no garantiza el tratamiento inmediato de los DNU en el Congreso ni los deroga ante su silencio. Más bien, eterniza la vigencia de esos decretos sin peligros para Néstor Kirchner. Quizá por eso, desde ese momento no se volvió a hablar del segundo paso en ese proceso: constituir la comisión, que tendrá, por otra parte, una abrumadora mayoría oficialista. Desde la semana pasada se negocia su integración, pero la oposición ya amenaza con recurrir a la Corte Suprema si no comienza a funcionar.

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Parecía que el tema había sido olvidado por el gobierno después del largo debate que protagonizó Cristina Kirchner en el Senado y que, inclusive, incomodó al propio oficialismo en Diputados. Hace más de un mes y medio que se sancionó la ley que reglamentó el control bicameral de los decretos de necesidad y urgencia y aún no se conformó esa comisión de ocho diputados y ocho senadores que deberán dictaminar sobre cada una de esas disposiciones que firme Néstor Kirchner. Pero hasta la semana pasada nadie hablaba en el kirchnerismo de acelerar el funcionamiento de ese cuerpo, cuya formación apuró la propia senadora por Buenos Aires después de estar frenada por 12 años.

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Hoy se sabe que tanto en la presidencia del Senado como de Diputados ya se inició la negociación por la integración de la demoradísima «Comisión Bicameral de seguimiento de los Decretos de Necesidad y Urgencia, de la Delegación Legislativa y de Promulgación Parcial de Leyes».

Semejante nombre responde a que esa Comisión Bicameral deberá encargarse de revisar no sólo los DNU firmados por el Presidente -podrá dictaminar por su ratificación o derogación-, sobre otros decretos firmados por el Poder Ejecutivo en base a facultades delegadas por el Congreso y revisar también los vetos, totales o parciales.

  • Mayoría

  • La negociación por los 16 cargos a cubrir en la Bicameral no reviste la misma dificultad en Diputados que en el Senado. De todas formas, sea como fuera, el Frente para la Victoria tendrá amplia mayoría en ese cuerpo para acelerar, frenar u olvidar el tratamiento de cualquier decreto. Además, el dictamen emitido por ese cuerpo luego debe pasar por ambas cámaras para que un decreto sea finalmente ratificado o rechazado.

    La ley que reglamentó la Bicameral establece que se constituirá «respetando la proporción de las representaciones políticas». En la Cámara alta no existen demasiadas dudas sobre las cantidades a distribuir entre cada bloque y sólo resta definir los nombres. Allí el peronismo se llevará la mayoría absoluta y el radicalismo tendrá miembros, pero nadie más.

    En Diputados la situación es más complicada. De los ocho a repartir el Frente para la Victoria se llevará 4 miembros y uno más para un aliado, que con seguridad será José María Díaz Bancalari del Peronismo Federal.

    El problema es cómo se reparte el resto. Siguiendo la regla de la proporcionalidad, el radicalismo debería llevarse al menos dos integrantes y el último iría al interbloque Propuesta Federal, donde reviste el PRO de Mauricio Macri.

    Pero si la UCR entra en un proceso de disgregación a nivel nacional como producto de la «concertación» lanzada por Néstor Kirchner, esa realidad podría reflejarse en el bloque radical con la pérdida de una docena de diputados. En ese caso, la UCR debería tener que disputar esos lugares con el PRO e inclusive con el kirchnerista Peronismo Federal.

    El radicalismo y el PRO fueron los dos partidos que hasta ahora más han protestado por la falta de integración de la Bicameral de decretos a un mes y medio de haberse votado. En el Senado, Ernesto Sanz, jefe de la bancada UCR, le envió hace 15 días una carta de protesta a Daniel Scioli, poco antes que comenzaran las negociaciones para poner ese cuerpo en funcionamiento.

    En Diputados, Federico Pinedo también le envió una nota a Alberto Balestrini y hasta notificó el nombre del candidato para ocupar ese puesto en representación del Interbloque a Pablo Tonelli.

    El debate de la reglamentaciónde los DNU, pendiente desde la reforma constitucional de 1994, comenzó cuando en la Comisión de Asuntos Constitucionales Cristina Kirchner medió entre los proyectos del radical Ernesto Sanz y el del oficialista Miguel Pichetto -que resumían una veintena de iniciativas presentadas-, presentando sorpresivamente un borrador de dictamen propio.

    Cristina propuso entonces que no se reconociera la posibilidad de habilitar la sanción ficta para ratificar DNU , pero introdujo una fórmula por la que no se fijó un plazo conminatorio por lo que los decretos quedarán en vigencia indefinida hasta que el Parlamento disponga lo contrario.

    El radicalismo, como siempre pretendió la oposición, exigía que se fijara un plazo de 60 días y si en ese lapso el Congreso no se expresaba el decreto automáticamente perdería vigencia.

    El texto de Cristina Kirchner recibió inclusive en principio el apoyo parcial del radicalismo, una posición que luego se revirtió, y terminó siendo aprobado por ambas cámaras, no sin costo para el oficialismo y la propia primera dama.

    Casi en simultáneo con la votación del control a los Decretos de Necesidad y Urgencia, Cristina protagonizó también la defensa de la modificación al artículo 37 de la Ley de Administración Financiera y los Organos de Control del Estado, más conocida como «los superpoderes». Fue demasiada la exposición de la senadora en dos termas urticantes y después de esas sesiones pasó a un discreto segundo plano, casi sin excepciones. Eso explica, en parte, que la puesta en marcha de la Bicameral haya quedado dormida.

    Pero la demora actual puede complicar al gobierno: con la Bicameral ya sancionada, la oposición comunicó el fin de semana que recurrirá a la Corte Suprema para forzar su funcionamiento si el oficialismo no acepta conformarla ya.

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