La ministra tomó la decisión luego de una conversación telefónica que mantuvo con el embajador argentino en Brasil, Juan Pablo Lohlé. El diplomático se reunió ayer con un integrante de la Comisión Parlamentaria Investigadora del Tráfico de Armas del Congreso brasileño (no estuvo el diputado Moroni Torgan, principal denunciador del episodio), pero no obtuvo precisiones sobre la investigación que se desarrolla allí. Lohlé salió del encuentro con las manos vacías: sin nombres ni rango de los miembros del Ejército que supuestamente participan de la operación ilegal para proveer de armas a las bandas de Rio Janeiro y San Pablo.
El legislador sólo se comprometió a reportar a la embajada argentina toda la información una vez -por supuesto- concluida la investigación sobre el tráfico que también involucra a miembros de los ejércitos de Paraguay y Uruguay.
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