Empleados de dos importantes áreas de asistencia social del Gobierno porteño denunciaron despidos y falta de nombramientos y recursos para sostener planes de ayuda a víctimas de delitos sexuales, de atención de urgencias médicas de niños y adolescentes y de promoción de la lucha contra los crímenes de lesa humanidad, la búsqueda de desaparecidos y la restitución de la identidad de los apropiados durante la dictadura.
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Trabajadores del Sistema de Atención Médica de Emergencias denunciaron el cierre de dos programas pediátricos. "Sin argumentación nos quitaron las planillas de presentismo, por lo que parece que estamos virtualmente despedidos", informó Laura Schagrodsky, delegada del SAME.
La médica pediátrica agregó que con la Resolución 1657, que establece una reducción de las suplencias de guardia, se quitaron dos de los cuatro programas del SAME: el Programa de Atención Domiciliaria de Urgencias (PADU), y el Buenos Aires Presente (BAP), y en los otros dos programas pediátricos que "no se levantaron, nos retiraron las planillas de asistencia", denunció. El PADU Clínico, que atendía adultos vulnerables, se levantó porque sus 35 médicos están suspendidos.
Schagrodsky subrayó que desde el primero de noviembre se redujo un "42 por ciento el sueldo de los médicos de Unidad Coronaria del SAME, decisión que llevó a que la mitad de los trabajadores renunciasen, y ahora el servicio está colapsado".
Días atrás, la jueza Patricia López Vergara, del juzgado en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad, dictaminó una cautelar a partir de un amparo presentado por el Defensor en lo Contencioso Administrativo y Tributario, Ramiro Dos Santos, quien había solicitado la nulidad e inconstitucionalidad de la resolución 1627, que reduce las suplencias de guardia. "A pesar de la medida cautelar que suspende la resolución, el Gobierno porteño no reincorpora a los compañeros despedidos por la normativa ni reestablece los programas que se recortaron, como los del SAME y también los relacionados con la prevención de la violencia de género", sostuvo.
"Tenemos la información de que se notificaron pero igual siguen haciendo como si la cautelar no existiera", criticó, y afirmó que "yo nunca vi esto en materia de salud: ni siquiera en la crisis de 2001 ni en la hiperinflación".
Ante esta situación, los trabajadores del SAME analizan los pasos a seguir en una asamblea realizada en Monasterio al 400, junto con los trabajadores de los hospitales Moyano, Alvarez y Tornú, que también sufrieron despidos por la resolución 1657.
En tanto, empleados de la subsecretaría de Derechos Humanos porteña, nucleados en la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), y acompañado por organizaciones de derechos humanos y legisladores porteños del FpV, protestaron frente a esa dependencia en rechazo a "despidos y el vaciamiento" del sector por parte del gobierno de Mauricio Macri.
En la concentración, que se realizaba en avenida Rivadavia 611, los trabajadores reclaman por el cierre del Programa de Asistencia a Víctimas de Delitos Sexuales, el despido de ocho trabajadores, y el peligro de cierre del Parque de la Memoria-Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado.
Por Twitter, el titular del área Claudio Avruj descartó el cierre del parque. "Queremos comunicarle a los vecinos que no vamos a cerrar el Parque de la Memoria. Tal versión es absolutamente falsa", dijo y agregó otros mensajitos sobre las medidas que supuestamente adoptó el gobierno de Macri para promocionar los valores "memoria, verdad y justicia".
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