Derogarían los indultos por decreto

Política

El gobierno prepara un «anuncio importante» para los próximos días referido al aniversario por los 30 años del golpe de Estado de 1976, que en ámbitos políticos y de Derechos Humanos vinculan con la posible anulación de los indultos que, en 1990, Carlos Menem dictó en beneficio de jerarcas militares y jefes de grupos guerrilleros.

Oficialmente, no hubo precisiones. Pero en círculos cercanos al gobierno y, sobre todo, entre dirigentes de organismos de DD.HH., se especula con que el anuncio que prepara Néstor Kirchner estaría referido a aquella resolución del ex presidente Menem.

Esta semana, se sabe, habrá una serie de actividades que culminarán con un acto el viernes 24 en Plaza de Mayo donde Kirchner, si se dan las condiciones, saldría al balcón de la Casa Rosada -y si avanzan las gestiones- junto a Estela de Carlotto y Hebe de Bonafini.

En los próximos días, en tanto -quizá el propio viernes- el gobierno anunciaría la decisión de voltear los indultos que, en marzo del año pasado, fueron declarados inconstitucionales por el juez federal
Rodolfo Canicoba Corral, resolución que está en trámite en Cámara.

Existe, además, un debate legal. El Congreso no sería, se asegura, el ámbito adecuado, en el supuesto que se avance en ese sentido, para dar marcha atrás con los indultos. Si se hicieron con un decreto presidencial bastaría con otro para anularlos.

Eso es, en realidad, lo que advierten desde el Frente para la Victoria (FpV) de Diputados: que el Congreso no sería, eventualmente, el escenario elegido por
Kirchner para, como especulan los organismos de DD.HH., voltear aquellas resoluciones.

Entre los constitucionalistas, en tanto, se interpreta que sería una intromisión del Poder Legislativo en las facultades del Ejecutivo que el Congreso, como propuso el ARI la semana pasada en la Cámara de Diputados, disponga modificaciones sobre los indultos.

«Son
una facultad propia del Presidente», explican los estudiosos en el tema.

En cuanto a los fundamentos de una eventual anulación, se entiende que si el Congreso declaró nulas las leyes del perdón, esos mismos argumentos servirían para justificar la anulación de los indultos.

Así y todo, para el gobierno el debate normativo no parece ser una prioridad. En rigor, cuando en 2004 promovió la nulidad de las llamadas leyes del perdón, «atropelló
varios principios del derecho» explican. Ahora, como entonces, se trata de una determinación política.

La eventual resolución presidencial se conocería, por otro lado, mientras los organismos de derechos humanos mantienen una pulseada silenciosa pero dura en relación con la postura que hay que mantener respecto del gobierno de
Kirchner.

De un lado, con visión crítica, se ubican
Adolfo Pérez Esquivel (SERPAJ) y Nora Cortiñas (Madres, Línea Fundadora); del otro, con marcada sintonía con la Casa Rosada, coinciden Hebe de Bonafini y Estela de Carlotto. Ambos sectores tendrán actividades diferentes el próximo viernes.

A esa disputa atribuían en el kirchnerismo la reacción del ARI en Diputados pidiendo la nulidad de los indultos -planteo que hizo
Marcela Rodríguez, desempolvando un proyecto de Patricia Walsh-. «Quisieron usar ese tema para especular», se enojaron desde la jefatura del FpV de Diputados.

Enfrente, en tanto, cuestionaron que la decisión del FpV de no permitir el tratamiento de ese proyecto respondió, justamente, a que
Kirchner no quiso que otro sector «se lleve los aplausos por la derogación de los indultos».

Hay otro tema todavía más sensible. El perdón dictado por Menem en los '90 alcanzó a militares, entre ellos a Jorge Videla, Emilio Massera y Orlando Agosti, pero también a miembros de movimientos guerrilleros, entre ellos Mario Firmenich y Miguel Bonasso.

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