La investigación judicial por el violento desalojo de las tierras del Parque Indoamericano, que dejó dos muertos, fue a sorteo y pasó de las manos del juez Roberto Gallardo al despacho de Lidia Lago, titular del juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 7 de la Ciudad.
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Gallardo, que actuó como juez de turno al abrir la causa, citó al jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, a una audiencia para el próximo viernes a las 10.30, con la intención de escuchar qué solución propone para los vecinos de Villa Soldati.
Esa citación la resolvió luego de celebrar una audiencia pública el miércoles por la noche en el Colegio de Abogados con un grupo de ocupas y funcionarios porteños. Gallardo también ordenó al Poder Ejecutivo porteño que garantice en forma inmediata el suministro de agua potable y asistencia sanitaria para las personas que mantienen la toma de los terrenos. Además, exigió "frenar el desalojo de tierras" y ordenó a la Gendarmería nacional "rodear y custodiar el predio, con los ocupantes adentro".
El expediente que elevó Gallardo a la Cámara para el sorteo se inició con una presentación del defensor general de la Ciudad, Mario Kestelboim. "Nosotros no tuvimos ninguna intervención en el procedimiento de desalojo. No tenemos intervención judicial. Nosotros tenemos defensores que no han sido informados", se excusó Kestelboim en declaraciones radiales. "Lo que nosotros hicimos fue solicitar al juez de turno que dispusiera una medida de no innovar. El juez Gallardo convocó a las partes. El viernes habrá una nueva audiencia, a la que fue convocado Macri", completó.
Una vez que tome conocimiento de lo actuado, la juez Lago deberá pronunciarse en primer lugar sobre un planteo de conexidad del defensor con otra causa que lleva adelante el propio Gallardo.
En la entrevista, Kestelboim confirmó que el juez Gallardo dispuso que no ingrese más nadie de los que ya están adentro y aseguró que "el Juzgado está a la espera de que el Gobierno de la Ciudad proponga soluciones".
"La resolución definitiva de este problema es la construcción de medio millón de viviendas", concluyó el jefe del Ministerio Público.
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