Desata una crisis política el subsidio que lanza Duhalde

Eduardo Duhalde y su esposa lanzarán hoy su producto político más importante: anunciarán que se comienza a pagar el Plan Jefas y Jefes de Hogar. Pero el festejo duhaldista ya está empañado. El programa social presenta fallas de logística para la distribución, acusaciones por la falta de control en la entrega y poca transparencia en el manejo. Los fondos llegarán a los necesitados a través de las provincias y municipios, pero también gracias a planillas que llenaron a discreción diputados y senadores. Esta irregular forma de distribución ya generó una crisis política de importancia. Reutemann y De la Sota se niegan a que se entreguen diez mil planes en Santa Fe y setenta mil en Córdoba que llegarán de manos de piqueteros sin ningún control provincial. La situación es de tal gravedad que el Senado bonaerense votó por unanimidad un pedido de explicaciones a Duhalde para saber por qué se hace política con planes por fuera de los municipios. Los intendentes ya denunciaron manipulación política de un sistema de protección social que, de constituir una necesaria red de contención para los afectados por la desocupación, puede terminar en un escándalo.

Cuando se reunió en Monterrey con Horst Köhler, el director del Fondo Monetario Internacional, Duhalde sacó pecho con la siguiente presentación: «Yo no entiendo de economía pero desde hace 30 años sé cómo se hace política social. Eso es lo mío». Sin embargo ahora, cuando debe cambiar de escala y trasladar la experiencia de Lomas de Zamora o la provincia de Buenos Aires a la dimensión nacional, el Presidente comenzó a encontrar dificultades que no había previsto. El plan social, criatura a la que los Duhalde dedicaron lo mejor de su atención desde que asumieron el gobierno, se convirtió ya en un escándalo político.

Reutemann siguió ayer plantado en su disidencia con el modo en que el gobierno nacional organizó el programa de distribución del «dinero» (150 LECOP por jefe de hogar). Está indignado con que se hayan asignado 10.000 beneficios a través de los piqueteros y no de la provincia o de las municipalidades. «Lole» ya había insinuado que el gobierno nacional quiere exportar el conflicto bonaerense a los demás distritos del interior, con una intencionalidad política. Ahora agregó: «Voy a buscar a esos 10.000 desocupados, para identificarlos. Quiero saber quiénes son». Supone que la multiplicidad de «bocas de expendio» puede dar lugar a fraudes, es decir a que cobren personas inexistentes o que haya quienes perciben más de una vez, por distinta vía, el mismo beneficio. Con estas prevenciones políticas y administrativas, Reutemann les presta voz a otros mandatarios que, más discretamente, manifiestan la misma preocupación. Es evidente que Aníbal Fernández, quien se comunicó con él para despejar cualquier tipo de suspicacia, no consiguió convencerlo.

¿Por qué el peronismo de la provincia se enfrenta a su jefe y pone en crisis el lanzamiento del programa más importante del gobierno? Sencillamente, para quejarse porque desde la Casa Rosada se alimenta a los «piqueteros» y, sobre todo, para señalarle a Duhalde el temor que produjo el hecho de que sean Luis Barrionuevo y Graciela Camaño los administradores de esas prestaciones. No en vano Hugo Curto y Raúl Othacehé, los dos principales adversarios de Barrionuevo en la primera sección electoral, son los que más indignación manifestaron con las novedades que introdujo Duhalde en su esquema de poder. Temen que la ministra de Trabajo, o su esposo, tomen venganza en el conurbano por aquellas viejas disputas. Antes de que comiencen las pedradas, algunos duhaldistas jefes de hogar aprovecharon para llevarse su propio subsidio: Juan Manuel Valcarcel fue designado al frente de la Subsecretaría de Gestión Pública y Juan Carlos Pezzoa como segundo de la Casa de la Moneda (donde se imprimen los LECOP que se entregan a los desocupados).