Desmienten una demanda por la AMIA

Memoria Activa, la entidad que nuclea a buena parte de los familiares de las víctimas del atentado que destruyó la sede de la AMIA, desmintió categóricamente tener intenciones de enjuiciar en Estados Unidos al gobierno argentino reclamando una indemnización por u$s 50 millones. La asociación que preside Diana Malamud, en nota enviada a este diario, asegura que «la noticia es falsa; se asemeja a un persona-je creado por Ionesco para conceptualizar el absurdo». La versión indicaba que el reclamo se sustanciaba ante la Justicia estadounidense.

Memoria Activa admite que, entre las presentaciones que han venido haciendo en pos del esclarecimiento del que fuera el peor atentado terrorista de la historia argentina, se cuenta una efectuada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, la que se encuentra en trámite.

«Es bueno decir lo que esta comisión tramita: nada más y nada menos que una demanda contra el Estado argentino por haber violado el derecho a la vida y a la seguridad de las víctimas, y el derecho de sus familiares a obtener justicia por parte de tribunales locales.» Sin embargo, insiste Memoria Activa, no hay en ese procedimiento ningún aspecto monetario ni indemnizatorio.

«No existe reclamo alguno de indemnización ante la Justicia norteamericana, y en nuestros escritos jurídicos figura con claridad meridiana que Memo-ria Activa no tramita reparación económica alguna ni la tramitará jamás, cualquiera sean las circunstancias.» Memoria Activa agrega en su carta que «sí vamos a exigir que se haga justicia, que es el único organizador y motivo de nuestra existencia».

La entidad advierte, además, que «no aceptaremos que, ante la intención de unificar las querellas para el juicio oral, nos obliguen a perder nuestra independencia y libertad de criterio para hacernos callar».

Como se recordará, las autoridades judiciales que llevarán adelante el juicio oral exigieron que las numerosas partes involucradas en la acusación se nucleen en dos grandes sectores: una, de los familiares de las víctimas; el otro, de las entidades de la comunidad judía afectadas por el atentado. Todos los sectores se resisten a esta unificación forzada, pero algunos (como la DAIA, por caso) la aceptarían porque de lo contrario deberían recurrir a la Cámara de Casación y esto forzaría a retrasar el juicio aun más.

Memoria Activa finaliza su carta manifestando: «No nos sorprende demasiado esta acusación ni la oportunidad de su aparición; deberían los autores responsables de esta difamación aprender a mentir mejor».