Desregulación que quiere Macri depende ahora de Alberto Fernández

Alberto Fernández, Mauricio Macri y Elisa Carrió.

Mauricio Macri inicia hoy la reedición de la pelea con el gremio de municipales, que el viernes acudió a funcionarios de la Nación, para tener una idea de cómo puede terminar la obra social de empleados municipales.

El jefe de Gobierno hará uso de un nuevo decreto -ya no urgente- para intervenir la obra social de empleados municipales (ObSBA), medida que le suspendió la Justicia la semana pasada.

Macri está dispuesto a revivir la pelea con el sindicato de empleados municipales, cuando el interventor Jorge Rey intente nuevamente ocupar su cargo en la obra social del gremio y por su parte los gremialistas presenten un nuevo recurso judicial y el propio gobierno macrista otro, contra la jueza Elena de Liberatori.

La semana pasada la Justicia falló en contra del Decreto de Necesidad y Urgencia que, el 2 pasado, Macri anunció para intervenir la obra social de los municipales en medio de la protesta del sindicalismo por el cese de 2.300 contratos de empleo público. Inmediatamente el macrismo, el jueves pasado, sancionó una ley que le permite a Macri intervenir la obra social sindical (ObSBA). La ley estará publicada hoy, así como también un nuevo decreto de intervención.

A las 9 está previsto que Rey ocupe su despacho de interventor en la sede de Rivadavia al 6000, en el porteño barrio de Caballito, donde funciona la ObSBA. Los sindicalistas piensan desconocer su rango, como vienen haciéndolo hasta ahora y sólo lo dejarían sentarse en su oficina «como veedor».

Cuando el funcionario, designado por Macri en un principio como vicepresidente de la obra social y luego interventor, pasó por el mismo trance días atrás, recién pudo ingresar en un segundo intento y una vez que cámaras ocultas del Gobierno porteño filmaran una suerte de mudanza de papeles de las oficinas de la ObSBA.

Esta vez lo seguro es que el enfrentamiento se dará centralmente en los tribunales. Macri, a través del procurador Pablo Tonelli rechazará el fallo que suspendió el primer decreto considerándolo anticonstitucional, entre otros conceptos.

Los sindicalistas, en cambio, recurrirán mañana el segundo decreto que estará publicado hoy y, consecuentemente la ley que sancionó el macrismo con la ayuda de los votos de la Coalición Cívica de Elisa Carrió.

Al mismo tiempo, los gremialistas acudieron el viernes a la Superintendencia de Salud (SS), que es el organismo nacional que regula los temas de las obras sociales. Es que en el DNU, Macri había estipulado que el interventor debe hacer cumplir la ley porteña 472 que en su artículo 37 impone que la ObSBA debe sumarse al Sistema Integrado de Salud y permitir que sus afiliados opten por otro servicio.

Consejos

Sobre eso, los gremialistas consultaron al titular de la SS, es el kirchnerista Héctor Capacciolli.

Los consejos fueron varios. En principio el funcionario les repitió que la obra social municipal es «como una obra provincial» y que por lo tanto no está adherida al Sistema Integrado.

«Hagan una obra social sindical», les dijo Capacciolli en referencia a que ese sistema nacional admite a las prestadoras sindicales, mientras que la ObSBA es el ex Instituto Municipal (IMOS) y está conformada por un directorio mixto: en partes iguales la comandan el sindicato y funcionarios del Gobierno porteño.

Lo cierto es que Capacciolli terminó abultando la letra que utilizará hoy los abogados Horacio Ferro y Andrés Gil Domínguez para rechazar el nuevo decreto de intervención. En definitiva, es la SS la que tiene la última palabra, la que decide si la ObSBA califica para recibir nuevos afiliados ya que la desregulación no sólo permite que se vayan los que están.

El secretario general adjunto del sindicato municipal (Sutecba),Patricio Datarmini, confirmó ayer la presentación del recurso. Dijo «a mí no me entran más balas, así que estoy dispuesto a pelear hasta las últimas consecuencias» y que «la obra social no tiene déficit, no tiene deuda con sus proveedores y no tiene préstamos bancarios».

«No hay más decreto de necesidad y urgencia. Ahora hay una ley de la Legislatura con una acción del jefe de Gobierno. No tiene ninguna justificación que los dirigentes de la obra social sigan quedando allí, porque el amparo ya no tiene sentido», dijo la vicejefa de Macri, Gabriela Michetti.