La Ciudad de Buenos Aires dio ayer un paso para tener su propia Policía cuando, con la presencia de Aníbal Ibarra en la sala, la Comisión de Seguridad Interna de la Cámara de Diputados aprobó modificar el artículo 7 de la ley Cafiero. Esa norma acota la autonomía porteña y fue sancionada en 1995 con el fundamento, entre otras cuestiones, de que en la Capital Federal -que se transformaba en ciudad autónoma y podía elegir su intendente- era la sede de las autoridades nacionales. Es la razón por la cual la Ciudad de Buenos Aires no cuenta con fuerzas de seguridad propias ni tampoco con su propia Justicia como el resto de las provincias, el tema es recurrente desde que Fernando de la Rúa asumió como primer jefe de Gobierno en 1996, pero hasta ahora todas las polémicas quedaron en supuestas intenciones.
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La razón de esa norma fue en origen la intención del peronismo de no trasladarle atribuciones a los gobiernos porteños, que le son siempre adversos.
El proyecto ahora reemplaza el artículo con el texto que asegura que la Ciudad de Buenos Aires «ejercerá en el ámbito de su territorio la competencia en materia de seguridad y protección de las personas y bienes. La Policía Federal seguirá cumpliendo funciones de Policía de seguridad, auxiliar de justicia en los ámbitos correspondientes a la jurisdicción federal. El gobierno nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires suscribirán los convenios necesarios para la ejecución de esta norma, dentro de los 180 días de publicada la presente». Después dice que la Ciudad « asumirá los gastos correspondientes una vez que le sean transferidas las partidas presupuestarias afectadas».
No es mucho lo que consiguió ayer Ibarra, ya que el proyecto -impulsado, curiosamente por el peronista-macrista Cristian Ritondo- debe pasar por la mira de tres comisiones más, hasta que recale en el recinto. «Puede ser antes de fin de año», aventuró Ritondo, vicepresidente de la comisión. Así y todo es la primera vez que los provinciales aceptan semejante modificación. Eso ocurre porque, de aprobarse como está el artículo, en Diputados y Senadores, el traspaso de la Federal sería materia de una nueva discusión. Es el punto que más resisten legisladores del interior que se oponen a que esa transferencia de agentes se haga con la partida presupuestaria. Fue ayer una de las objeciones que le dieron a Ibarra en la comisión, pero el jefe de Gobierno dijo que de otro modo -sin plata-no era posible y que, además, «sería inconstitucional». El jefe porteño dijo que «no vamos a resignar partidas para educación o salud», para defender la eventual transferencia de 14.000 agentes (es lo que calculó en la mesa) para tenerlos bajo su órbita. De todos modos, de aprobarse el artículo habilita a la Ciudad de Buenos Aires a tener su propia fuerza o las llamadas patrullas urbanas o policías comunitarios que tiene en mente el gobierno porteño.
Otra de las cuestiones que los diputados nacionales señalaron es que, llegado el momento, habrá que modificar la ley orgánica de la Policía Federal para que se pueda hacer el traspaso del que se habla, lo que abarca a las 53 comisarías porteñas y cuerpo de bomberos.
El despacho fue aprobado por la mayoría de los presentes en la comisión, entre los que se encontraban Claudio Lozano (CTA), Nilda Garré (ex Frepaso), Silvana Giúdice ( UCRIbarra), Héctor Polino, Juliana Marino ( Kirchner), Jorge Casanovas (PJ bonaerense) Luis Cantini (ex Cavallo), Irma Roy (PJ) Angel Baltusi (PJ Santa Fe), Mirta Pérez (PJ Pierri), María del Carmen Rico (FP bonaerense) y Hugo Franco.
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