Desvío de planes "militar" provocó primera renuncia

Lo que parecía una pelea interna en la Alianza de la Capital, con denuncias sobre supuestas irregularidades en el otorgamiento de subsidios de desempleo, provocó ya la primera renuncia de un funcionario del gobierno nacional, tras las acusaciones de la defensora porteña, Alicia Oliveira, una independiente de izquierda allegada al Frepaso. La investigación sobre planes de ayuda municipales, parecidos a los Trabajar del orden nacional, hizo que alguien hablara ya de los planes «militar».

Se trata de Marcelo Di Stéfano, que ocupaba la dirección de Empleo del Ministerio de Trabajo, y quien, fue vinculado por la defensora a una ONG que habría conformado su padre, Carlos Di Stéfano y a través de la cual, de acuerdo a las denuncias, se desviarían en forma irregular planes laborales de ayuda del Gobierno porteño.

Carlos Di Stéfano fue señalado por Oliveira como uno de los que cobrarían los subsidios a pesar de contar con un empleo público de más de $ 4.000, y que tendría presuntamente como beneficiarios de esos programas a tres de sus cinco hijos.

El renunciante, Marcelo, envió a la ministra Patricia Bulrich una carta con los motivos de su renuncia, en la que afirma que «no tengo ni tuve nada que ver con el programa Nuevos Roles Laborales, sí tuvieron que ver familiares directos míos y una ONG que me pidió que certificara sus estatutos como abogado». Di Stéfano asegura, además, que en la Defensoría trabajan 20 personas «siendo beneficiarios del programa Nuevos Roles Laborales», que está destinado a padres de familia desocupados.

El funcionario aclara que la dirección que ocupaba hasta el viernes depende del gobierno nacional y no del porteño, sobre el cual hizo la investigación Oliveira, a la que también aportó elementos la legisla-dora de Izquierda Unida, Vilma Ripoll. «A pesar de no sentirme involucrado bajo ningún aspecto» y «de tener la certeza de no recibir ninguna imputación jurídica», dijo Di Stéfano en el texto de su renuncia.

Escalofrío

El alejamiento del funcionario provocó escalofrío en el gobierno nacional, ya que la dimisión no obedeció a una resolución judicial que podría comprometerlo. El temor parte de que se convierta en práctica que tan sólo con una acusación se pueda desplazar a una persona de su cargo, aun cuando como en este caso, se trata de menor jerarquía.

El programa Nuevos Roles Laborales, del Gobierno porteño, sobre el que Oliveira comenzó sus denuncias, se creó en 1999, para asistir con $ 200 para la capacitación de jefes de familia desocupados y según la defensora se desviaron a militantes de Franja Morada, la agrupación estudiantil del radicalismo.

El miércoles pasado Oliveira concurrió a la Legislatura porteña para dar informes sobre esa situación. En un primer ataque, Oliveira se lanzó contra Rafael Veljanovich, quien era defensor adjunto en su oficina y pasó a desempeñarse como subsecretario de Acción Social del Gobierno porteño. La defensora dio cuenta de una denuncia de una ex empleada del radical que habría cobrado uno de esos planes supuestamente para entregar el dinero a un funcionario.

«Sin ser incauto siempre confié en la buena fe de la gente que trabajaba conmigo, si se cometió alguna irregularidad deberá responder cada uno por lo que hizo. Esa persona jamás puso en mi conocimiento esa situación, deberá responder de acuerdo al juicio de su conducta personal», se defendió Veljanovich acerca de su empleada. «Es una inmoralidad desvirtuar el objeto de los planes sociales», aseguró el radical.

Luego, con la ampliación de la denuncia resultó que uno de los más complicados es quien manejaba esos planes en la Ciudad en la gestión anterior a Ibarra, de acuerdo a Oliveira. Se trata de Jorge Viscuso.