El gobierno nacional determinó que el Registro Seccional de la Propiedad del Automotor de Rosario N° 12 dejó de depositar fondos que correspondían al Estado nacional, con un perjuicio fiscal que supera los 82 millones de pesos. El registro estaba a cargo de Alejo Uribe Escobar.
Así lo dispuso la Resolución 559/2026 del Ministerio de Justicia, publicada este miércoles en el Boletín Oficial. Como Uribe Escobar había dejado el cargo antes de que terminara el expediente, la cartera ordenó registrar en su legajo la sanción que le habría correspondido si siguiera en funciones: la remoción. También instruyó a sus áreas para que avancen con las acciones administrativas o judiciales necesarias para recuperar el dinero.
La denuncia sobre el exencargado del Registro Seccional
El sumario había sido abierto por la Resolución 224/2024 y se concentró en la falta de depósito completo y en término de los remanentes de recaudación que debían ir a la Administración Central, en especial los correspondientes a marzo, abril y mayo de 2024. La normativa exige que ese remanente mensual se deposite dentro de los dos días hábiles posteriores al cierre de cada mes.
La documentación inicial la reunió la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios, y durante la instrucción se sumaron informes técnicos y otras pruebas.
Uribe Escobar renunció y su salida fue aceptada por la Resolución 310/2024. A partir de ahí intentó frenar el expediente: planteó nulidades y sostuvo que, ya fuera del cargo, no se le podía aplicar una sanción ni dejar asentada una remoción “virtual”. Argumentó además que seguir con el sumario podía causarle un perjuicio moral y económico.
El Ministerio rechazó esos planteos. Para la cartera, la desvinculación no impide seguir investigando cuando hay un posible daño al patrimonio del Estado. Con doctrina de la Procuración del Tesoro de la Nación, la resolución explica que dejar registrada la sanción no es un castigo en sentido estricto sino una medida preventiva por si la persona intentara volver a la función pública.
En sus descargos, el ex encargado habló de “persecución política” y atribuyó la falta de depósitos a una crisis económica que, según él, golpeaba al registro y a todo el sistema registral. La instrucción revisó la prueba que ofreció y no encontró elementos que respaldaran esa versión, ni un deterioro generalizado de los registros que justificara el incumplimiento.
En la resolución se destacó que quienes ejercen funciones delegadas por el Estado no pueden retener fondos por su cuenta ni usarlos para compensar dificultades económicas, una figura que solo existe en el ámbito privado. El texto también aclara que Uribe Escobar tuvo acceso a las actuaciones y pudo ejercer su defensa.
En una primera etapa, la instrucción había calculado un perjuicio nominal de $45.999.117,61 sin intereses, limitado a los meses que formaban parte del sumario. Después, la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) revisó el caso y, en su Informe Técnico 72/2026, elevó el daño a $82.557.801,47 al 26 de agosto de 2026, una cifra que encuadró como de “relevante significación económica”. La resolución señala además que hubo otros períodos con deuda que quedaron fuera del objeto del sumario.
La vía administrativa sigue abierta. El ex encargado puede presentar un recurso de reconsideración dentro de los 20 días hábiles posteriores a la notificación o uno jerárquico en un plazo de 30 días hábiles.