Diputados aprobó la reactivación del blanqueo 2021 por un año para la construcción de viviendas

La iniciativa establece amplios guiños impositivos. Habrá alícuotas de 5%, 10% o 20% si se ingresa en los 90, 180 o hasta 360 días, respectivamente. A último momento se avaló que titulares de programas sociales contratados mantengan dicho beneficio mientras tenga vigencia la ley.

Diputados aprobó ayer y giró al Senado un proyecto que reactiva el blanqueo sancionado en 2021 destinado a la obra privada, en particular, para la construcción de viviendas. La iniciativa otorga amplios beneficios impositivos e impone a los ingresados que, desde la fecha de entrada de la ley y hasta transcurridos 90 días, deberán pagarán una alícuota de 5%; de allí a otros 90 días, 10%; y a partir de ese plazo y hasta 180 días posteriores, 20%.

El texto en cuestión, que era empujado desde el año pasado por un proyecto en conjunto del titular de la Cámara baja, Sergio Massa, y el jefe del PRO en Diputados, Cristian Ritondo, recibió 172 votos a favor -muchos oficialistas y macristas-, 20 en contra -de “lilitos”, Ricardo López Murphy y la izquierda, entre otros- y 45 abstenciones, de mayoría radical. En el articulado se le dejó un plazo de 15 días corridos a la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) y al Banco Central para que reglamenten rápido la ley y eviten los problemas generados el año pasado, ya que la demora casi impidió llegar a los interesados a inscribirse para el primer plazo y abonar la alícuota más baja.

Según consta en la iniciativa, y que incluye el blanqueo original, quedarán “comprendidas dentro de la definición de obras privadas nuevas aquellas que a la fecha de entrada en vigencia de esta ley posean un grado de avance inferior al cincuenta por ciento (50%) de la finalización de la obra”.

A la hora de los beneficios, se exime del impuesto sobre los Bienes Personales “al valor de las inversiones en proyectos de inversión realizadas hasta el 31 de diciembre de 2022, inclusive, en la República Argentina desarrolladas, directamente o a través de terceros, desde el período fiscal en que se efectivice la inversión y hasta aquel en que se produzca la finalización del proyecto inmobiliario, su adjudicación o la enajenación del derecho y/o la participación originados con motivo de aquella, lo que ocurra en primer lugar, hasta un plazo máximo de dos períodos fiscales”. También hay guiños a la hora de transferencia de inmuebles.

Un puñado de artículos fue agregado a último momento, pese a la reunión exprés para dictaminar que realizó el martes último la comisión de Legislación General, que comanda la kirchnerista Cecilia Moreau. A pedido -en el recinto- del también oficialista Marcelo Casaretto, se permitirá que “las y los titulares de programas sociales y de empleo nacionales vigentes -o que se constituyan en un futuro- que sean contratadas o contratados en el marco del Régimen de Incentivo a la Construcción Federal Argentina y Acceso a la Vivienda, Ley 27613, y que cumplan con la capacitación y los cursos de formación que se establezcan”, sigan “percibiendo los beneficios y prestaciones que otorgan dichos programas por el plazo previsto”.

HIV

Durante la sesión especial de ayer, la Cámara baja también aprobó y giró al Senado una iniciativa de abordaje integral sobre HIV, hepatitis virales, tuberculosis y otras infecciones, que apunta a la contención e información para evitar discriminación.

El proyecto propone, además, que toda prueba para detectar esas patologías -lupa en exámenes previos a un trabajo- deberá ser voluntaria, gratuita, confidencial y universal, a la vez que promueve la creación de un régimen de jubilación especial, de carácter excepcional, para quienes transiten las enfermedades de VIH y hepatitis B o C, así como una pensión no contributiva de carácter vitalicio para quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad social.

De este modo, quienes acrediten al menos diez años desde el diagnóstico de la enfermedad y 20 años de aportes jubilatorios, podrán solicitar la jubilación a partir de los 50 años.

Al cierre de esta edición, el pleno de Diputados se disponía a sancionar el “marco regulatorio para la industria del cannabis medicinal y del cáñamo” que aprobó el Senado el año pasado.