La posibilidad de adelantar las elecciones nacionales cobró ayer una fuerza inusitada en el Congreso, donde legisladores peronistas -del ala no duhaldista, precisamente-presentaron varios proyectos con ese propósito. La polémica hasta ahora no había pasado del terreno informal y, por lo general, puertas adentro de los bloques.
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Una veintena de diputados -ex Frente Federal, delasotistas y menemistas-lanzó un paquete que incluye el adelantamiento de comicios presidenciales para que se vote dentro de 120 días, la modificación del régimen de acefalía y la reforma de la ley de partidos políticos (para facilitar el reconocimiento de nuevas agrupaciones e implementar las internas abiertas y simultáneas para candidaturas). Al mismo tiempo, el tucumano Ricardo Falú dejó transitoriamente a un lado el proceso de juicio político que alienta contra la Corte Suprema para reclamar una sesión especial de la Cámara baja y así tratar un proyecto de resolución que declara cumplidos los mandatos legislativos, con aval de varios justicialistas y hasta del ARI, de Elisa Carrió. Será muy difícil que alguien se oponga en público a someter la banca que ocupa al veredicto popular.
De esta forma, Falú -que tiene mandato hasta el 10 de diciembre de 2005- pretende que se renueven por completo ambas alas parlamentarias por la falta de «legitimación social» que considera tienen los 257 diputados y los 72 senadores nacionales. Consciente de que sólo se podría disponer la caducidad mediante una reforma constitucional, el legislador impulsa una suerte de renuncia en masa. En ese sentido, existe en el Senado una iniciativa similar de la sanluiseña Liliana Negre de Alonso.
En la víspera, los cordobeses Oscar González, Jorge Bucco y Arnoldo Lamisovsky, el misionero Juan Carlos López (puertista) y el salteño Enrique Tanoni (ex ministro de Economía de Juan Carlos Romero), quienes firmaron el combo de propuestas junto a los menemistas Martha Alarcia, Alejandra Oviedo, Ricardo Quintela, Griselda Herrera y Adrián Menem, entre otros, insistieron en la necesidad de que, en 4 meses, se elija un presidente de la Nación por voto popular. «Creemos que es necesaria la normalización institucional del país», planteó González. En cuanto a la ley de acefalía, proponen que se considere terminado el período de Fernando de la Rúa y el nuevo titular del Ejecutivo gobierne hasta el 10 de diciembre de 2003 y continúe por 4 años más. Esta fórmula allanaría la presentación de Carlos Menem, quien no podría volver a postularse a la primera magistratura sin que haya concluido el mandato de su sucesor de la frustrada Alianza.
El debate no se desató en el Senado, ya que la marcha de la CTA al Congreso obligó ayer a levantar la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde Cristina Fernández de Kirchner había programado discutir formalmente la modificación de la ley de acefalía y abrir el debate por el adelantamiento de comicios.
La señora de Kirchner, fiel a la táctica de su marido de precipitar la salida de Eduardo Duhalde, intentará sacar dictamen, la semana que viene, de una iniciativa que obliga al presidente provisorio -electo en Asamblea Legislativa-a convocar en un plazo no mayor de 90 días a elecciones generales. Es decir que Duhalde debería habilitar las urnas en 3 meses, como tope. Los comicios -establece la propuesta-deberán celebrarse en un lapso no superior a 120 días de producida la vacante.
•Dos proyectos
Con estado parlamentario en la Cámara alta, sólo existen dos proyectos, uno de Negre y el otro cuya autoría corresponde al provincial tucumano Pablo Walter. El representante de Fuerza Republicana coincide con la senadora patagónica en que el sucesor elegido por el Congreso llame a elecciones en 90 días desde la vacancia, aunque hace la salvedad de que los 3 meses se apliquen al período correspondiente a De la Rúa a partir de la publicación de esta modificación al régimen de acefalía en el Boletín Oficial.
La UCR tampoco es ajena a las especulaciones electorales. En previsión de que haría falta una reforma constitucional para renovar los cargos legislativos nacionales antes de lo previsto, el abogado Alfredo Vítolo preparó un memorándum que tiene Raúl Alfonsín sobre su escritorio. Vítolo, hombre de consulta del ex presidente, plantea convocar a una convención para reducir el número de bancas en la Cámara baja, poner en comisión a todos los jueces que no hayan sido designados por concurso, establecer un régimen de coparticipación federal y regionalizar las provincias, además de disponer la caducidad de los actuales mandatos.
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