Duhalde negoció en secreto fondos para gobernadores a cambio de votos
El gobierno logró ayer el apoyo de todos los gobernadores peronistas a las condiciones que plantea al país el Fondo Monetario Internacional para un acuerdo de ayuda que podría firmarse en mayo. La prueba es la orden que dieron a sus legisladores para convertir en ley el pacto fiscal en la madrugada de ayer. A cambio de ese respaldo, el gobierno, sin que figure en ningún papel, acordó ayer en Olivos reservadamente y con cargo a lo recaudado por las retenciones a las exportaciones del agro, pagarles cerca de $ 400 millones que adeuda de otra promesa verbal incumplida.
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¿De dónde sale el dinero para ese pago? De la única caja que hoy es saludable en la Argentina, las retenciones a las exportaciones agrícolas, que este año aportarán cerca de u$s 3.000 millones al Tesoro.Alguno de los gobernadores hasta imaginó que ese tributo podía integrar la coparticipación (reparto) de impuestos entre Nación y provincias, pero un secretario le recordó que la Constitución reserva con exclusividad para el gobierno nacional todos los tributos al comercio exterior y Aduana.
De ahí saldrá, sin embargo, el dinero para honrar el pacto secreto que fue tejido entre la noche del miércoles y las 4 de ayer -hora de la aprobación- en un interminable cabildeo del que participaron, entre otros, los legisladores Eduardo Camaño, Humberto Roggero y Jorge Matzkin y los funcionarios Jorge Capitanich, Rodolfo Gabrielli y Oscar Lamberto, en comunicación telefónica con los gobernadores Felipe Solá, Juan Manuel de la Sota, Carlos Reutemann y Rubén Marín.
Hasta marzo pasado rigió el anterior acuerdo firmado en diciembre de 1999 por el gobierno de Fernando de la Rúa y los gobernadores de todo el país, que fijaba un piso y techo de $ 1.364 millones mensuales a repartir entre todas las provincias.
Al asumir Duhalde, se firmó un nuevo pacto, que ayer recién ratificó el Congreso Nacional, que elimina ese piso y hace coparticipables todos los tributos, incluyendo 30% del que grava las transacciones financieras (impuesto al cheque).
Según reveló ayer Duhalde a los gobernadores, que se reunieron con él en Olivos entre las 10 y las 14, el FMI en aquella fecha había pedido que el piso estuviera vigente hasta el 1 de febrero. También revalidó la promesa verbal, que había hecho en aquella oportunidad, de que les pagaría el piso también en marzo, algo que hasta ahora sigue pendiente.
En la negociación, que terminó a la madrugada, Duhalde se comprometió a sacar los fondos de las retenciones para honrar esa promesa a cambio de que no figure por escrito en ningún papel oficial y, si fuera posible, que no se publique en los diarios.
Las retenciones fueron defendidas, sin embargo, por Todesca como la clave del superávit primario que ha prometido la Nación al FMI, que puede llegar a 1,3 para el actual año. «Pero eso es una transferencia para La Pampa de $ 170 millones a la Nación», observó Marín. «Para Santa Fe esa transferencia de recursos significan $ 700 millones», agregó Reutemann.
El pago de esa suma que adeuda y la regularización de los envíos de fondos de coparticipación también saldrán de la caja de las retenciones. Los pagos los negociará Pesoa conversando con cada gobernador a solas en acuerdos bilaterales que tendrán en cuenta cómo marcha cada administración y asumiendo que tienen necesidades cambiantes. «El déficit que pide el FMI que se baje es el de todo el país, por eso hay que andar juntos en esto», recordó Todesca. El indio Singh, les explicó, pide que el país le muestre la información de las provincias todos los meses, que habrá un monitoreo cada tres meses y al final de ese plazo habrá liberación de fondos de ayuda. La Nación asumirá ese control y si al cuarto mes se ve que una provincia no cumple, le descontará a la provincia «culpable» el incumplimiento de ese período de los fondos que le adeude.
Juan Carlos Romero fue el vocero de las quejas del conjunto, en un discurso que habían acordado llevar los gobernadores el miércoles a la noche en el Consejo Federal de Inversiones y que se sintetiza en que el pacto fiscal, que se votó ayer, ya es viejo porque la recaudación cayó más, no hay actividad económica y la Nación se sigue reservando el único impuesto que se cobra, las retenciones. Lo que no se cobra por menor actividad, agregó Romero, como Ganancias, IVA y cheque, queda reservado a las provincias. Por eso, a los distritos los ingresos les cayeron 32%, mientras que para la Nación esa caída fue de sólo 7% en marzo.
El argumento lo completó Romero, siempre en nombre de todos, con el reclamo por los atrasos en el envío de los fondos del cheque y sumas que la Nación había olvidado que debía. Cuando se eliminó el anterior piso de coparticipación, recordó, quedaron en pie todos los acuerdos anteriores y, entre ellos, los compromisos de girar las sumas fijas por varios conceptos, como el pago de las escuelas transferidas, y seguros sobre Impuestos a las Ganancias y desequilibrios fiscales.
En ausencia de Remes, le tocó a Todesca responderle a Romero. Arrancó con la misma letra que suele usar el ministro para mortificar a quienes les piden plata, aunque más agresivo. «Hemos cagado al mundo en 150.000 millones de dólares», se le atribuye haber dicho para ilustrar cómo ven desde el extranjero a la Argentina. Abrió un frente alentador al explicar que el problema clave de la economía es la reactivación del sector privado y que todos los esfuerzos son pocos para alentarlo.A eso debía sujetarse el sector público.
«Pero el ajuste lo hacemos nosotros, no la Nación», le tiraron de atrás. «Estamos haciendo un esfuerzo formidable para paliar la crisis social, ¿cómo que no hacemos esfuerzos?», responde Todesca. «Qué vivos -lo cruzó Romero-, me sacan la plata de la provincia y me mandan bolsones de comida.» Duhalde prefirió parar esa discusión, pero De la Sota arrancó con nuevas quejas de que lo eligieran como vidriera de la crisis y sus soluciones.
Contra lo esperado, el rescate de los bonos provinciales no se discutió ayer. Todesca insistió en la idea de que la Argentina se adelantó a poner esa cuestión en la agenda de las conversaciones con los enviados del FMI. Singh tomó ese gesto como un acto de seriedad que ahora permite se postergue el debate a la firma del acuerdo. En ese momento habrá $ 2.000 millones para financiar que no se emitan más bonos; el rescate de los que están hoy en el mercado es un problema a futuro.




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