El jefe de la AFIP Ricardo Echegaray demandó por daños y perjuicios al diputado de la oposición Felipe Solá, al dirigente rural Marío Llambías y al periodista de Clarín Matías Longoni.
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Los abogados de Echegaray se presentaron ante la Justicia con la triple demanda porque el funcionario sintió que ofendieron su honor con declaraciones públicas y notas periodísticas que referían a irregularidades en su gestión al frente de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA).
En un comunicado de prensa, Solá lo acusó de "cobrar coimas" y sostuvo que la ONCCA, creada por el ex gobernador bonaerense en 1996, se había convertido en los últimos años en una "bolsa de corrupción" y en "una especie de banco dador de subsidios".
Llambías fue demandado por cuestionar meses atrás un comentario de Echegaray sobre el excesivo nivel de evasión del campo. Luego de escucharlo, furioso, el presidente de la Confederaciones Rurales Argentina le dijo que "debía dejar de tomar alguna sustancia que le hace mal", en clara referencia a las drogas duras.
La demanda también alcanzó al periodista del diario multimedia abocado a cubrir informaciones sobre el sector agropecuario. En una de sus notas, Longoni aseguró -y firmó- que existió una ONCCA "paralela" en la que, a cambio de comisiones ilegales, se podían destrabar expedientes para cobrar compensaciones.
Las tres demandas fueron promovidas por montos indeterminados ya que "el monto del resarcimiento surgirá de las pruebas que se produzcan en los respectivos juicios, si fracasa la instancia previa de mediación prejudicial", aclaró el abogado Rafael Resnick Brenner, uno de los letrados que patrocinan al funcionario.
"Se busca desprestigiar a Echegaray, con publicaciones y comentarios que aparecen luego que dejara de estar al frente de la ONCCA, en diciembre de 2008", agregó Eloy Eiras, otro de sus abogados.
En noviembre de 2009 el Congreso despenalizó los delitos de calumnias e injurias. La iniciativa avalada por el gobierno de Cristina de Kirchner derogó esas figuras como delito penal para expresiones referidas a asuntos de interés público. Además, de eliminar la pena de prisión, también introduce la figura de la "real malicia" para juzgar la responsabilidad de los imputados. Si se comprueba que los tres demandados actuaron con "real malicia", la Justicia podrá imponerles multas que van de los $ 3.000 a $ 30.000.
Ayer, la Corte Interamericana de Derechos Humanos destacó las reformas realizadas por el Gobierno sobre la tipificación penal y emitió su dictamen al dar por finalizado el pleito iniciado por el periodista Eduardo Kimel contra el Estado. En 1991 Kimel fue condenado durante el gobierno de Carlos Menem a un año de prisión y a pagar una indemnización por criticar la actuación de un magistrado en un libro sobre la llamada Masacre de San Patricio.
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