El ARI apunta contra el jefe de la Aduana

La oposición llevó ayer a los tribunales sus críticas al accionar del gobierno de Néstor Kirchner frente al affaire del tráfico de cocaína a España. Por separado, legisladores del ARI y la UCR aportaron información y asentaron una denuncia contra el secretario de Transporte, Ricardo Jaime (ver vinculada).

El ARI -a través de Eduardo Macaluse, Fabiana Ríos y Laura Musa- le acercó a la fiscal de la causa, María Gabriela Ruiz, un informe de 26 carillas donde aporta datos para «derrumbar» la teoría oficial de que el gobierno se enteró del caso recién a mediados de este mes.

• Indicios

En ese detalle -en parte información recopilada de publicaciones periodísticas-los diputados que responden a Elisa Carrió enumeran una serie de indicios, a priori, interesantes: También vinculan al ministro de Economía, Roberto Lavagna, al sostener que el vicepresidente de LAFSA es el brigadier Jorge Eduardo Baravalle, citado como consuegro del titular de Hacienda.

• Un funcionario de la Aduana le habría confesado a la fiscal Ruiz que en octubre ese organismo ya tenía conocimiento sobre el caso. No es un dato menor porque desde julio pasado la Aduana está en manos de Ricardo Echegaray, a quien vinculan a «Rudy» Ulloa Igor, dirigente santacruceño con acceso a la privacidad del matrimonio Kirchner. Además, en octubre mismo, la fiscal Ruiz le solicitó colaboración a la Policía Aduanera, que depende de Echegaray, para que contribuya en la investigación. A Echegaray le imputan, además, que la Aduana sólo realizó 97 procedimientos antidrogas de los cuales «uno solo» se hizo a aviones de SW.

• Tras el escándalo, el gobierno intenta despegarse de Southern Winds, planteando que el acuerdo estratégico con LAFSA fue sólo para mantener las fuentes de trabajo. La presentación del ARI recuerda que el ministro de Planificación, Julio De Vido, durante el acto de anuncio del convenio SW-LAFSA, prometió «labor conjunta» entre las compañías. Se agrega, además, que a julio de 2003 el directorio de LAFSA lo presidía José Alberto Bidart, a quien se indica como « operador político» de De Vido.
 
• A partir de esos datos sugieren que la cercanía entre LAFSA y distintos estratos del Poder Ejecutivo era « estrecha» y en paralelo, la relación entre esa empresa y SW era más que un acuerdo estratégico que, por otro lado, fue promovido por Jaime.

Incluso, se advierte que LAFSA solicitó rutas internacionales que según en el ámbito de investigación del narcotráfico, son indicadas como «virtuales rutas de distribución de drogas». Cita, por caso, el pedido radicado ante la Secretaría de Transporte para hacer, con 4 frecuencias semanales, la ruta Buenos Aires-Santa Cruz de la Sierra-Caracas-Bogotá. Y completa esta sección: «Queda claro, entonces, que ni el ministro De Vido ni el secretario de Transporte estaban en desconocimiento de la operatoria irregular en la que estaba incursa la empresa».

• También acusa al jefe de Gabinete, Alberto Fernández, quien en su informe al Congreso aseguró que se realizaba «la totalidad de las tareas de fiscalización y control-de las empresas aerocomerciales». «O el Ejecutivo mintió» porque los controles no se hacían o «por ineficiencia, impericia, negligencia o corrupción», se realizaban pero no impidieron que ocurra el caso de las valijas. Afirman: «Las valijas no pasaron por los escáners» o «los escáners sólo aparentaban estar funcionando» o «hubo ayuda para esquivar los controles».

• El informe también apunta al embajador argentino en España, Carlos Bettini, sobre quien dicen que «no es posible que no tuviera conocimiento de los hechos» porque «el Estado español avisó oficialmente», tiene aceitados contactos en el gpbierno de España y conoce el «medio aerocomercial». También plantea el informe que el ministro del Interior, Aníbal Fernández, debería conocer el hecho porque hubo pedidos de Interpol en octubre y la Policía Federal hasta requirió precisiones sobre la investigación que llevaba adelante la Guardia Civil española.