El Banco Central aportó información por delitos de lesa humanidad

La Oficina de Derechos Humanos del Banco Central aportó a la Justicia información clave sobre la presunta complicidad de empresarios con la dictadura cívico militar.

En sintonía con la creación de la Comisión Bicameral del Congreso que busca indagar en las responsabilidades civiles del terrorismo de Estado y otra por la deuda externa, un conjunto de entidades públicas abrieron sus archivos para colaborar con diversas causas por delitos de lesa humanidad.

El matutino Página 12 recordó que a partir de la llegada de Alejandro Vanoli al Central se abrió una oficina de DDHH, integrada por cinco investigadores, que hasta el momento, aportó a varios expedientes correspondencia y actas secretas, legajos, y versiones taquigráficas de las reuniones de directorio.

Los principales aportes fueron para las investigaciones para la desaparición de obreros en Acindar, por la liquidación del Banco de Hurlingham, de la familia Graiver, para la causa Papel Prensa, el caso Iacarino y el robo de la empresa Makentor, dedicada a la obra pública en Córdoba.

En el caso Acindar, el BCRA aportó los expedientes internos hallados en la entidad, información desclasificada que había sido solicitada en 2011 por la Secretaría de Derechos Humanos y un sumario sobre la compañía.

En la causa Mackentor, que tramita en Córdoba, como parte del mega juicio de La Perla, también se adjuntó información. Mackentor era un grupo empresario de capitales nacionales especialista en la construcción vial e hidráulica. Tenía cerca de 400 empleados y realizó obras por casi u$s 50 millones entre 1970 y 1975. Su presidente, Natalio Kejner, había decidido dividir el paquete accionario con el personal jerárquico, que tenían participación en las ganancias, además de abogar por una burguesía nacional. También había denunciado a la Cámara Argentina de la Construcción. Tras su exilio y el secuestro de varios directivos, la empresa fue liquidada.

Asimismo, el Central se mostró colaborador con la Bicameral que determinará la legalidad de la deuda externa. Según reveló Página 12, uno de los principales aportes será la publicación de un trabajo realizado por un grupo de peritos contadores que estudiaron la legitimidad de la deuda en 1984.

Otro de los capítulos vinculados con la deuda son los Bonos de Absorción Monetaria (BAM). La entidad está analizando cómo el grupo Gotelli y Antuña, dueños del ex Banco de Crédito Rural, adquirían préstamos del Central para financiar exportaciones nunca realizadas, además de hacerse acreedores de bonos entregados por el BCRA. En la actualidad, la compañía Snowy, con sede en Uruguay, es "propietaria" de esos bonos entregados al grupo Gotelli y en 2008 abrió una sucursal en la provincia de Buenos Aires, para demandar el cobro en el país. La firma fijó domicilio en Avenida del Libertador General San Martín 16051 y puso como representante legal al escribano Nicanor Moreno Crotto. Esa dirección corresponde al domicilio particular de Mercedes Moreno Kapplenbach, familiar del abogado, militante del PRO y muy cercana a Cornelia Schmidt Liermann, actual diputada macrista, ya que juntas integran la Asociación de Mujeres Argentinas (AMA).