El Banco Mundial oficializó informe ambiental favorable a papeleras

Tal como se esperaba, el Banco Mundial concluyó hoy que las plantas de celulosa que procuran instalarse en Uruguay "se comparan tecnológicamente con las mejores" que hay en el mundo y "cumplirán con las políticas ambientales" que reclama esa entidad.

A través de dos de sus brazos crediticios para la rama privada, el Banco Mundial dio el aval para que sus juntas directivas puedan brindar financiamiento a las pasteras, aunque aún no concedió los créditos requeridos oportunamente por Botnia y Ence.

"La Corporación Financiera Internacional (IFC) y la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA) confían en que las conclusiones demuestran que las plantas cumplirán con las políticas ambientales y sociales de IFC y MIGA, a la vez que generarán significativos beneficios económicos para la economía uruguaya", afirmó el Banco Mundial.

No obstante, la entidad subrayó que "la decisión de IFC y de MIGA sobre si buscarán la aprobación para la financiación y la garantía de sus juntas directivas respectivas se tomará en breve".

Una información procedente de Uruguay señaló que la aprobación se concretará el 14 de noviembre próximo tras el cumplimiento de plazos internos del grupo Banco Mundial.

El estudio de impacto acumulativo final para las plantas propuestas en Uruguay ratificó lo explicitado por el organismo multilateral de crédito en un borrador difundido el lunes pasado "por error" a través de su página de internet.

El estudio fue encargado para evaluar los impactos ambientales, sociales y económicos individuales y acumulativos de las plantas Orion, de Oy-Metsa Botnia, y M'Bopicuá, del Grupo ENCE.

"El estudio de impacto acumulativo final es el resultado de un proceso meticuloso y exhaustivo de evaluación y que refleja aportes clave de las partes interesadas", sostuvo la entidad en el informe.

Agregó que el informe "proporciona un análisis adicional e información actualizada y consideró los impactos en el agua y el aire, la tecnología del proceso, el impacto en las plantaciones y la provisión de madera, y el impacto sobre el turismo, la pesca y otros medios de sustento".

"El estudio encontró que las plantas de celulosa propuestas se comparan favorablemente con la mejor tecnología disponible y con la mejor práctica ambiental para plantas de celulosa en Europa y Norteamérica", completó.

La IFC es el mayor proveedor multilateral de financiación para la empresa privada en países en desarrollo, en tanto que MIGA fue creado en 1988 para promover la inversión directa extranjera hacia economías emergentes y se ocupa de ofrecer garantías a inversores y prestamistas.

Tras una presentación efectuada por el gobierno entrerriano en septiembre de 2005 la ICF anunció el 9 de mayo pasado que un grupo de "consultores independientes" analizaría el impacto ambiental acumulado de las plantas.

Fue luego de que dos especialistas canadienses señalaron que se necesitarían análisis adicionales y mejoras técnicas para determinar con precisión el impacto de las plantas.

En ese momento, la entidad suspendió créditos por 400 millones de dólares para las plantas hasta tanto cumplieran las condiciones indicadas en el informe, aunque también señaló que inicialmente la fábricas no provocarán grandes modificaciones al ecosistema.

El 19 de diciembre del año pasado, la ICF había divulgado un borrador del "Estudio de Impacto Acumulativo" de las plantas de celulosa, tras lo cual se abrió un período de 60 días durante los cuales los gobiernos de Argentina y Uruguay realizaron comentarios escritos sobre este estudio.

Mientras ese proceso de consultas se desarrollaba, la CFI contrató a dos expertos canadienses independientes, Wayne Dwernychuk y Neil McCubbin, quienes cotejaron aquel borrador con los comentarios que sobre él hicieron.

Fue el 11 de abril pasado que la CFI finalmente difundió el reporte elaborado por estos expertos, en el que indicaba que las empresas Botnia y Ence retaceaban información sobre el funcionamiento de las plantas, y recomendaba "mejoras técnicas" para optimizar su operación ambiental.


El Gobierno argentino había volcado sus expectativas en el aporte privado a las plantas, tras el revés sufrido inicialmente con la medida cautelar solicitada al Tribunal Internacional de La Haya para que ordenara la suspensión de las obras en las plantas hasta la resolución del planteo de fondo.

En ese marco, el canciller Jorge Taiana solicitó al presidente del Banco Mundial (BM), Paul Wolfowitz, que se abstenga de financiar la construcción de las pasteras que se levantan en Uruguay y le advirtió que, si no lo hace, sería corresponsable de la presunta contaminación.

Pese a ello, la empresa finlandesa Botnia aseguró que la planta que instala en Fray Bentos se va a construir "con o sin" el apoyo del Banco Mundial y recibió el apoyo de la Unión Europea.