El "basismo" de nuevo superó a cúpula sindical

Anoche, los gremialistas de los subterráneos de Buenos Aires estudiaban una propuesta del Ministerio de Trabajo para levantar la medida de fuerza que mantienen desde el martes y que viene afectando a millones de usuarios (ver nota aparte). En principio, ni la detención de diez sindicalistas ni la advertencia del Ministerio de Trabajo hacían rever esa postura. Tampoco la intervención del gremio que los nuclea, la UTA de Juan Manuel Palacios, que según los activistas intentó dispersar la huelga. Es que la cúpula intermedia de los cerca de 2.000 trabajadores de las cinco líneas de subterráneos porteños y el Premetro está a contramano de la dirigencia gremial que encarna Palacios en la CGT. Un caso similar de «basismo» (puja entre comisión local y cúpula gremial) se produjo el año pasado en el extenso paro del hospital Garrahan.

Hay varios episodios que insuflan al cuerpo de delegados -unos 21 empleados de la concesionaria- conformado por activistas de agrupaciones de izquierda o independientes de esa extracción, como el Partido Obrero, el MAS e Izquierda Unida.

La situación arranca en 2000, cuando ese grupo gana la conducción a los representantes de la UTA y comienza una batalla opositora, donde la izquierda ( alentada por alguna representación política en la Legislatura porteña, devenida de la falta de piso para ocupar bancas) se posiciona con los trabajadores de subtes.

Presión

Sobreviene la sanción de la ley, que obliga a una jornada reducida de trabajo, de seis horas y que vota con un recinto legislativo custodiado fuertemente ante la presión del sindicalismo. Por entonces, el gobierno nacional había delegado en la Ciudad algunas facultades en ese sentido, teniendo en cuenta que los subtes los construye la Ciudad de Buenos Aires con su Presupuesto, los concesiona a empresas privadas, como Metrovías, pero el control del transporte lo tiene el gobierno nacional, como sucede con la pelea de encasillamiento que de modo exagerado por el ultraizquierdismo complica la vida de los porteños.

Aníbal Ibarra vetó esa ley, pero el reclamo se recicla en 2003, justo cuando el ahora destituido jefe de Gobierno se encauza en la pelea electoral en segunda vuelta contra Mauricio Macri. En ese trance, otra vez el sindicalismo de izquierda frena los trenes, e Ibarra termina decretando «la insalubridad» y más tarde les otorga las seis horas que había vetado Ibarra en la ley impulsada por el trotskista Jorge Altamira, por entonces legislador porteño. Después, en abril de 2004, los activistas consiguen que se extienda a diversas tareas el horario reducido de trabajo, forzando la decisión con paros como los de esta semana.

La sobrevida de la izquierda en la política local se asienta en parte en ese extremismo de los delegados de subterráneos, ya que en el próximo turno electoral -como ocurrió en el anterior- al renovarse la mitad de la Legislatura porteña sube el piso de votos que la izquierda no alcanza. Aún quedan de diversas porciones -no ya el PO- representantes en las bancas que vienen de la votación de 2003 y concluyen mandato el año próximo.

Así cobra también otra dimensión para ese grupo de delegados de la izquierda, la pelea por el pase al sistema de seis horas, de empleados de servicios tercerizados por Metrovías. Según esos delegados, la empresa habría contratado a firmas externas para la seguridad y limpieza, que por lo tanto tienen otro régimen laboral. La puja es para que se los pase también al llamado trabajo insalubre que obliga a una jornada reducida.

Ahora se les ha agregado otra furia, contra el ministro del Interior, Aníbal Fernández, por el control policial de ayer: lo acusan de «provocador profesional», al decir de Marcelo Ramal, dirigente porteño del PO.