El defensor general de la Nación, Miguel Angel Romero, fue condenado ayer a un año de prisión en suspenso y a publicar retractaciones en los diarios, en un juicio por calumnias que se le inició luego de asegurar que un abogado hizo una «falsa denuncia» en su contra. Los abogados de Romero anunciaron ayer que apelarían el fallo de Oyarbide ante la Cámara Nacional de Casación.
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La condena contra el funcionario riojano llegó en momentos en que la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados analiza impulsar un jury en su contra por diversas denuncias.
No es casual la embestida contra el defensor general. Romero ocupa un cargo que tiene el mismo estatus y poder equivalente al del procurador general, Esteban Righi. No es mera coincidencia entonces, que existan legisladores que tengan como meta eyectarlo de esa silla, después de una década en esa función.
Precisamente una de estas denuncias data de 1999, cuando el denunciante crónico Ricardo Monner Sans aludió a supuestas irregularidades en la designación de funcionarios en la Defensoría a su cargo. A través de distintos medios de comunicación, Romero aseguró que el abogado había realizado una «falsa denuncia» y por eso Monner Sans lo querelló por calumnias.
En un juicio oral de un día, el juez Oyarbide encontró culpable a Romero, lo condenó a un año de prisión en suspenso, al pago de los costos del proceso y a publicar retractaciones en los diarios que reflejaron sus dichos en 1999.
El magistrado fijó para el 20 de abril a las 11 la audiencia en la que se conocerán los fundamentos del fallo, que ayer se mantuvieron en reserva.
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