La renuncia de Alberto Fernández recuerda a la salida de Eduardo Bauzá al cargo que fuera creado por la reforma de la Constitución en 1994. Bauzá se fue del planeta menemista en marzo de 1996 con la excusa de un agravamiento de su hepatitis crónica, aunque el verdadero motivo de su salida fue el temprano apoyo a la candidatura presidencial del entonces gobernador Eduardo Duhalde, exteriorizado en una entrevista a la revista «Noticias». Por esos días de la década maldita, Alberto Fernández se desempeñaba al frente de la Superintendencia de Seguros, organismo que estaba bajo la órbita del ministro de Economía, Domingo Cavallo.
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Como Bauzá, Fernández logró imponer a varios de sus asesores en importantes cargos de la administración central. Claudio Moroni -su ex segundo en la Superintendencia de Seguroses actualmente el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Por su parte, Marcela Losardo, una abogada a quien conoce desde sus mocedades universitarias, ocupa la Secretaría de Justicia y tiene, además, un sillón en el Consejo de la Magistratura.
Pero lo que determinará un fuerte cimbronazo con la salida de Fernández es el mapa del justicialismo porteño, el cual tenía en cabeza del ex jefe de Gabinete una alianza con las principales figuras políticas vinculadas a Aníbal Ibarra. Tal el caso de la actual inspectora general de Justicia, Deborah Cohen. El titular del bloque de legisladores porteños, Diego Kravetz, será seguramente otro huérfano político que deberá buscar cobijo en alguna nueva carpa del kirchnerismo.
El próximo juicio oral y público por la masacre de Cromañón es un motivo de preocupación tanto para los hermanos Ibarra, quienes depositaron la defensa de algunos de sus ex funcionarios procesados en manos del abogado Jorge Anzorreguy, el mismo que defiende a la titular del monopolio «Clarín», Ernestina Herrera de Noble, en el expediente que investiga la adopción de sus hijos.
Quien también buscará nuevas coordenadas es el procurador general de la Nación, Esteban Righi, el mentor de la carrera académica de Alberto Fernández, cuyo estudio jurídico se ocupa de llevar la defensa de los funcionarios kirchneristas denunciados en tribunales. Dos abogados del Estudio Righi, Fabián Musso (defensor del ex titular de la SIDE menemista Hugo Anzorreguy y del ex senador Remo Constanzo) y Daniel Carral (primer abogado de Carlos Telleldín tras el atentado a la AMIA) son los principales letrados que seguramente fatigarán los pasillos de Comodoro Py tras la salida de Fernández.
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