El fiscal federal con competencia electoral Jorge Di Lello se pronunció en contra de hacer lugar a que un recurso judicial contra las llamadas "candidaturas testimoniales" sea revisado por la Corte Suprema de Justicia.
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Entonces, será la Cámara Nacional Electoral la que se expedirá si hace lugar al recurso extraordinario presentado por el abogado Eduardo Barcesat para que el planteo llegue a la máxima instancia judicial.
En caso que la Cámara Nacional Electoral coincida con el dictamen del fiscal y rechace abrir el recurso para ir a la Corte, el abogado podría recurrir en queja.
El recurso es independiente a las impugnaciones presentadas por el Acuerdo Cívico y Social.
En primera instancia, la jueza federal María Servini de Cubría había rechazado la acción de amparo, en base a que para ese momento aún implicaba pronunciarse sobre algo que no se había producido, puesto que aún los candidatos no se habían inscripto.
Luego fue la Cámara Nacional Electoral la que rechazó el planteo de Barcesat, quien interpuso un recurso extraordinario al considerar que los jueces al momento de resolver no tuvieron en cuenta que las "candidaturas testimoniales" habían dejado de amenaza, sino "una lesión concreta a los derechos y garantías constitucionales", puesto que ya se habían inscripto las listas.
En su presentación, Barcesat insistió con que las causas deben ser resueltas "conforme el estado de situación al momento del dictado de la sentencia".
Barcesat fundó su pedido en que "quienes desempeñan funciones políticas por mandatos vigentes al tiempo de la convocatoria electoral, no pueden postularse para distintos cargos electivos sin renunciar, previamente, al mandato en ejercicio, salvaguardando así el principio de la representación popular, la fidelidad al mandato recibido y el ejercicio respetuoso de la función monopólica que detentan los partidos políticos".
El abogado constitucionalista calificó de grave la situación, ya que el electorado participará de un acto en el que no sabe si varias de las candidaturas inscriptas son válidas, o bien si el candidato cumplirá o no el cargo para el que será electo, o se producirán corrimientos en las listas.
También expresó su preocupación por aquellos que renuncian en sus cargos ejecutivos para asumir funciones legislativas, "incumpliendo" con el mandato anterior.
Barcesat reclamó un tratamiento "urgente" de la acción de amparo para garantizar que pueda ser resuelto antes de las elecciones convocadas para el 28 de junio próximo.
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