La decisión corresponde a que no cumplían con las condiciones necesarias según las auditorías. Desde el inicio de la gestión de Javier Milei, ya fueron dadas de baja más de 180 prestadoras.
El Gobierno dio de baja otras 18 prepagas
La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) avanzó con una nueva etapa de depuración del sistema privado y excluyó a 18 entidades del Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (RNEMP). Con estas decisiones, ya fueron dadas de baja más de 180 prestadoras desde el inicio de la gestión de Javier Milei.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
La medida alcanzó a empresas de medicina prepaga, mutuales y cooperativas que, según las auditorías oficiales, no cumplían con las condiciones necesarias para permanecer dentro del registro. El Gobierno sostuvo que el proceso busca conservar únicamente a organizaciones con actividad efectiva y que respeten las exigencias establecidas por la normativa.
Entre las irregularidades detectadas, la SSS señaló que algunas entidades no desarrollaban actividades comprendidas por la ley 26.682, mientras que otras no tenían afiliados activos o carecían de la documentación respaldatoria requerida.
Antes de concretar las exclusiones, el organismo notificó a las entidades y las intimó para que regularizaran su situación. Ante la ausencia de respuestas satisfactorias, rechazó las solicitudes de inscripción definitiva y eliminó los registros provisorios correspondientes.
La Superintendencia aseguró que las nuevas bajas no afectarán a beneficiarios, debido a que las entidades alcanzadas no tenían afiliados activos ni brindaban prestaciones efectivas al momento de las inspecciones.
La nueva tanda de exclusiones quedó integrada por las siguientes prestadoras:
En cada procedimiento, la Superintendencia publicó los correspondientes edictos en el Boletín Oficial para comunicar tanto el comienzo del trámite como la decisión definitiva.
El organismo explicó que la depuración pretende “garantizar reglas claras para los agentes y mayor seguridad para los usuarios”, además de transparentar el padrón y evitar que continúen registradas organizaciones sin capacidad prestacional.
El proceso comenzó durante los primeros meses de la administración de Milei, cuando las revisiones oficiales encontraron numerosas entidades formalmente habilitadas que no tenían estructura operativa, afiliados o la documentación exigida.
En algunos casos, el Gobierno caracterizó la situación como la existencia de agentes “fantasmas”, debido a que figuraban dentro del sistema pese a no registrar actividad real ni capacidad para brindar cobertura médica.
Muchas de las organizaciones estaban inscriptas de manera provisoria. Frente a las irregularidades, la SSS abrió procedimientos administrativos y concedió plazos para que presentaran la documentación necesaria o acreditaran el cumplimiento de los requisitos.
La falta de regularización derivó posteriormente en las exclusiones. Según la postura oficial, “el objetivo es contar con un registro transparente, integrado únicamente por agentes que compitan libremente y brinden prestaciones de calidad a sus afiliados”.
Entre las más de 180 entidades que fueron alcanzadas por el proceso desde su puesta en marcha aparecieron sociedades comerciales, cooperativas, mutuales y agentes vinculados con diferentes actividades y regiones del país.
En paralelo con las 18 nuevas bajas, la Superintendencia de Servicios de Salud declaró en situación de crisis a la Obra Social de Operadores Cinematográficos (R.N.A.S. N° 1-0460-3).
A diferencia de las entidades eliminadas del registro, esta decisión implica la aplicación de un mecanismo especial de fiscalización debido a que la obra social superó los parámetros de criticidad contemplados por el Decreto N° 1400/2001.
Las evaluaciones detectaron inconvenientes en materia prestacional, jurídico-institucional, contable y de atención a los beneficiarios, además de problemas relacionados con indicadores económico-financieros y con su capacidad de repago.
Por ese motivo, la entidad deberá presentar un plan de contingencia que incluya medidas concretas destinadas a corregir las irregularidades y normalizar su funcionamiento.
Las áreas técnicas del Comité de Evaluación y Seguimiento de Crisis quedarán encargadas de supervisar el cumplimiento de ese programa y controlar los avances realizados.
El Gobierno continuará con las auditorías sobre el sistema de salud privado, dentro de una política que apunta a eliminar del registro a las entidades sin actividad efectiva y profundizar la fiscalización sobre aquellas que presenten indicadores críticos.