El Gobierno nacional amplió la emergencia ígnea e incluyó a Santa Cruz dentro del esquema de provincias alcanzadas por los incendios forestales. La medida se instrumentó a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 80/2026, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei junto a todo su Gabinete.
Según detalla la normativa, la decisión responde a los focos ígneos registrados en distintos puntos del territorio santacruceño, con especial impacto en el Parque Nacional Los Glaciares, donde se verificaron consecuencias ambientales, económicas y sociales negativas sobre el patrimonio natural protegido y las poblaciones cercanas.
Incendios Patagonia
El Parque Nacional Los Glaciares sufre impactos ambientales, sociales y económicos por los focos ígneos.
Cuáles son las condiciones que agravan la emergencia
El decreto advierte además que la provincia atraviesa condiciones hidrometeorológicas adversas, marcadas por la sequía, la actividad eléctrica y temperaturas superiores a los valores normales, un combo que configura un escenario de emergencia y agrava los daños ambientales, además de poner en riesgo bienes y vidas humanas.
En ese marco, el Ejecutivo dispuso que las áreas comprometidas sean consideradas zona de desastre y remarcó que la situación actual requiere una respuesta urgente y coordinada por parte del Estado nacional para garantizar la disponibilidad de recursos públicos.
El texto oficial sostiene que la gravedad del contexto impide seguir el trámite legislativo ordinario, ya que demoraría la implementación de medidas y dificultaría actuar en tiempo oportuno frente a la emergencia. Por ese motivo, el DNU también prevé la intervención de la Comisión Bicameral Permanente del Congreso.
Qué provincias estaban ya incluidas en la emergencia ígnea
Con esta ampliación, Santa Cruz se suma a la emergencia ígnea declarada por un año en Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa, establecida días atrás mediante el Decreto 73/2026, que también habilitó la declaración de zonas de desastre y la intervención de la Agencia Federal de Emergencias (AFE) para coordinar la asistencia.
En paralelo, la semana pasada el Gobierno nacional giró cerca de $130.000 millones a los Bomberos Voluntarios, con el objetivo de reforzar su equipamiento y mejorar la capacidad de respuesta ante el avance del fuego.
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