El Gobierno oficializó profundas modificaciones en el esquema estatal mediante el extenso decreto 426/2025, publicado durante la madrugada de este martes y firmado poco antes de la expiración de las facultades extraordinarias conferidas por la Ley Bases. Entre los principales cambios se destacó la disolución de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME).
El gobierno de Javier Milei disolvió la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal
A través de decreto 426/2025, tomaron al decisión de disolver distintos organismos estatales y transformar otros. Según aseveraron, en este caso se resolvió porque detectaron un esquema jerárquico sobredimensionado.
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El Gobierno disolvió oficialmente el ARICCAME.
Motivos de la disolución de ARICCAME
La supresión de la ARICCAME se basó en un informe interno que identificó una estructura jerárquica desproporcionada respecto a la cantidad real de empleados que formaban parte del ente.
Además, el documento redactado por el Interventor del organismo afirmó que “el esquema actual no distingue suficientemente entre los distintos usos y productos derivados de la planta de Cannabis Sativa L., lo cual genera obstáculos para el desarrollo de la industria del cáñamo en aquellos países que no adaptaron su regulación, comprometiendo la competitividad del sector y generando cargas regulatorias innecesarias”.
Desde ahora, las tareas regulatorias vinculadas al cáñamo industrial y su biomasa, así como el control sobre semillas, pasarán a depender del Ministerio de Economía. Por su parte, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) quedará a cargo del seguimiento de los productos de cannabis con fines exclusivamente medicinales.
Eliminación del INAFCI y reasignación de funciones
Junto a la ARICCAME, el Ejecutivo también disolvió el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI). Este organismo descentralizado tenía como finalidad aplicar políticas y programas destinados a sectores agroproductivos vinculados a la agricultura familiar, campesina, indígena y la pesca artesanal.
Las responsabilidades que antes pertenecían al INAFCI pasarán a estar bajo la órbita del Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, quien asumirá además el rol de autoridad de aplicación de la Ley 27.118. Solo permanecerán vigentes el Registro Nacional de la Agricultura Familiar y ciertas competencias básicas de fiscalización.
Transformación del esquema de control sobre semillas
El decreto también ordenó la disolución del Instituto Nacional de Semillas (INASE) y de la Comisión Nacional de Semillas, cuyos poderes regulatorios e inspectivos serán asumidos por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.
A partir de esta reestructuración, las tareas de control y fiscalización sobre semillas recaerán en un Comité Asesor de Semillas, de carácter honorario. De este modo, se eliminó la estructura autárquica anterior y se consolidó la supervisión bajo la autoridad ministerial.
Con estas decisiones, el Gobierno de Javier Milei avanzó en su plan de reorganizar el Estado y reducir el gasto público, redirigiendo competencias y eliminando estructuras consideradas ineficientes.
El Gobierno transformó el INTI y el INTA y pasarán a estar en la órbita de otros organismos
En una conferencia de prensa, el vocero Manuel Adorni detalló los organismos que el Gobierno suprimió, fusionó o reestructuró, todos ellos señalados por representar un elevado costo para el Estado. En ese contexto, confirmó que el INTI dejará de operar como organismo descentralizado y pasará a ser una "unidad organizativa dependiente" de la Secretaría de Industria y Comercio.
Según el decreto, esta reestructuración responde a un informe interno que detectó una estructura sobredimensionada, con áreas administrativas superpuestas y escasa articulación entre funciones estratégicas y las necesidades reales del sector industrial.
Por otra parte, tanto el INTA como el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) fueron transformados en organismos desconcentrados. En el caso del primero, se buscó mejorar la articulación con otras áreas del Estado y otorgarle mayor dinamismo, sin modificar sus misiones centrales de investigación, asistencia técnica y trabajo territorial.
El INPI, en tanto, continuará desarrollando sus tareas vinculadas con el registro, administración y supervisión en temas de propiedad industrial, patentes, marcas y modelos, aunque ahora bajo una nueva estructura que busca agilizar sus procedimientos y mejorar su eficiencia operativa.
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