El juez Oyarbide ordenó un examen psicológico a Macri

Mauricio Macri.

El juez federal Norberto Oyarbide ordenó someter a un examen mental de rutina al jefe de Gobierno de la Ciudad, Mauricio Macri, junto a una serie de medidas vinculadas con la causa por el espionaje ilegal porteño.

La medida requerida por el juez forma parte de un procedimiento habitual para todos aquellos que afronten un delito que prevé penas mayores a los 10 años de cárcel y será practicado por el Cuerpo Médico Forense.

"Me causa gracia y, si es lo que marca la Ley, lo haremos" manifestó Macri en diálogo con la prensa cuando presentó un acuerdo que firmó el Gobierno porteño con la Asociación de Médicos Municipales y la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires para el ordenamiento de la atención anestesiológica en hospitales.

Oyarbide también ordenó que se practique un estudio socioambiental del domicilio de Macri y lo citó para que en 5 días hábiles se presente en forma personal en el juzgado para dar cumplimiento con el embargo de 250 mil pesos sobre sus bienes que le trabó al procesarlo como miembro de una asociación ilícita.

Según los voceros judiciales, el líder del PRO tendrá que presentar el dinero en su totalidad o poner a disposición algún bien para cubrir el embargo.

El artículo 78 del Código Procesal Penal estipula un examen mental obligatorio "siempre que el delito que se le atribuya esté reprimido con pena no menor de diez años de prisión, o cuando fuere sordomudo, o menor de dieciocho años o mayor de setenta, o si fuera probable la aplicación de una medida de seguridad".

El estudio mental también deberá practicarse al resto de los imputados en la causa: el ex jefe de la Policía Metropolitana Jorge "Fino" Palacios y el espía y ex empleado del Gobierno porteño Ciro James, ambos detenidos, y los ex jueces misioneros que autorizaron la realización de las escuchas, entre otros.

Macri tiene en su contra procesamiento confirmado por la Cámara por el delito asociación ilícita, que prevé una pena mayor de 10 años de prisión.

Al jefe de Gobierno se lo acusa de participar de la escucha que tuvo como víctima a Sergio Burstein, familiar de víctimas de la AMIA, y a su cuñado Néstor Leonardo.