El PJ proclamará a Ruckauf con poderes especiales
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La CGT advirtió sobre una "crisis casi terminal" en las obras sociales
* Declarar disponibles a los empleados para fijar traslados, cambio de funciones y jubilaciones anticipadas. Alcanza a 430 mil estatales (250 mil son docentes que quedan exceptuados).
* Avanzar en un esquema de descentralización mediante el traspaso a los municipios de distintas funciones correspondientes a Educación y Salud.
* Achicar la estructura del Estado a través de la eliminación y fusión de organismos. La racionalización incluirá al Banco Provincia donde, explican, abundan cargos y oficinas.
Vía libre
Diezmada, la Alianza quedará acotada a una protesta simbólica. El mismo destino les espera, aunque seguramente con mayor furia, al ARI y al Polo Social.
Hay, sin embargo, una crisis en gestación: como el gobierno no «dialogó» con los gremios, el PJ legislativo especula que esa negociación estallará en sus manos.
No es un escenario fácil: Carlos Quintana, jefe de UPCN -el gremio estatal más fuerte-, anticipó que si se vota la ley, dictarán un paro por tiempo indeterminado.
Posturas parecidas empujan Hugo Yaski de SUTEBA, Jorge Martín de FEB y Julio Ortellado de ATE. En rigor, para todos la disponibilidad de los empleados es «innegociable».
Ayer, por vías distintas, los gremios pautaron movilizarse al Parlamento para quejarse contra el proyecto. Lo harán: amenazan rodear la Legislatura.
El peso recae sobre el ministro de Trabajo, Aníbal Fernández, los senadores Luis Genoud y Juan Amondarain; y los diputados Juan Garivoto, Carlos Cottini y Osvaldo Mércuri.
Irreversible
«Pueden apretar todo lo que quieran, pero la ley es irreversible», confió ayer, en diálogo con este diario, uno de los legisladores en cuestión.
La página esta abierta. Al votar la última ley que castigó a los empleados, algunos legisladores sólo pudieron entrar en el recinto, saltando literalmente por la ventana.
Previsores, Felipe Solá y Mércuri -jefes de Senado y Diputados-llamaron a sesión hasta el viernes y pidieron, solapadamente, custodia policial para el Parlamento.



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