El Senado ratificó la soberanía argentina sobre las islas Malvinas
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El Senado aprbó una declaración sobre Malvinas
La norma busca desarrollar proyectos en los campos de infraestructura, vivienda, actividades y servicios, inversión productiva, investigación aplicada e innovación tecnológica.
Además, habilita a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios a celebrar este tipo de contratos "actuando en un marco de competencia e igualdad de condiciones en el sector privado".
Se busca implementar un nuevo modelo de ejecución y control de la obra pública, la mejora de la eficiencia, la baja de costos, la mayor competencia y la publicidad de cada una de las licitaciones.
"Hoy 21 de septiembre de 2016 se ha votado una de las leyes más canallas de estos tiempos. Es la ley que consolida a un Estado bobo que pone todo y se queda sin nada y a un conjunto de legisladores vaciados de conciencia nacional", expresó el senador Fernando Pino Solanas al argumentar su voto negativo contra el proyecto de ley del régimen de contratación pública-privada que hoy aprobó el Senado.
"Esa ley tira abajo toda la legislación anterior que defendía la obra pública, ahora las empresas se van a quedar con todo", afirmó Solanas y agregó "este proyecto es una vuelta atrás impresionante es hacer reaparecer al viejo proyecto de subordinación neocolonial porque no garantiza un mínimo de participación de las pequeñas y medianas empresas y garantiza a las empresas contratistas un nivel mínimo de rentabilidad".
El neuquino Marcelo Fuentes, del ala kirchnerista del PJ-FPV, fustigó la iniciativa al señalar que "apunta a privatizar el derecho administrativo, a que los negocios se realicen con determinadas corporaciones y que los controles no operen" y sentenció: "Es una trampa".
A su turno, la senadora oficialista por Tucumán Silvia Elías de Pérez subrayó que "casi todos los países de la región poseen leyes de participación público privada" y agregó que "los objetivos del proyecto son aumentar la inversión en infraestructura, la generación de empleo, que exista una participación directa o indirecta de las pymes".
"En cuanto al arbitraje, está previsto pero no como una obligación sino como una posibilidad para algún caso concreto. Además reproduce textualmente lo que dice el decreto 967 del años 2005", añadió Elías de Pérez.
En tanto, su compañero de bloque Julio Cobos indicó que "el Estado tiene partidas limitadas y acotadas" y agregó: "Podemos recurrir a créditos internacionales, a convenios con otros países, pero el espíritu de esta ley que estamos tratando permite la posibilidad de asociarse entre el sector público y privado".



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