La polémica iniciativa del gobierno de la provincia de Buenos Aires de editar junto al monopolio «Clarín» como impresor, más de tres millones y medio de manuales educativos, originó el rechazo de la cámara que nuclea a las principales firmas de la actividad editorial. Bajo el título «El libro único. Un grave error en la educación», la Cámara Argentina de Publicaciones expresó en un comunicado su «profunda preocupación y disconformidad con la decisión adoptada por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires de editar en forma directa 3.600.000 libros de textos, determinando su contenido».
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La directora general de Escuelas de la provincia, Adriana Puiggrós, justificó el proyecto y dijo que la empresa impresora ganó una licitación. Este diario había adelantado hace varios meses que el monopolio «Clarín» había logrado ese negocio y que había hecho jugar frente a los demás editores la fuerza de sus medios para evitar críticas. Incluso se le atribuye a uno de sus lobbistas haberles anunciado, a algunos editores quejosos con el proyecto, que tenían lista una tapa del diario «Clarín» con un informe que criticaba al sector por presuntos sobreprecios en la venta de manuales escolares, que esta iniciativa estatista -con ese monopolio como socio- vendría a remediar. «La imposición del libro único es deplorable en cualquier caso, pero resulta nefasta sobre todo en aquellas asignaturas que son más sensibles a los fines de la educación en libertad y para la libertad», precisó el documento de los editores.
Se trata de manuales de Matemática, Lengua, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales que se entregarán a cada alumno que curse séptimo, octavo y noveno año en escuelas bonaerenses. Para la Cámara Argentina de Publicaciones la medida adoptada «conlleva además el riesgo de transformar al Estado en una empresa editora de textos únicos de enseñanza, con el deliberado propósito de establecer una única forma de pensar, desconociendo la esencia y el respeto por el pluralismo, base fundamental de la libertad de enseñanza».
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