“Creatividad legislativa”. Así podría llamarse la nueva estrategia a la que apeló la Casa Rosada para no poner en marcha la Emergencia en Discapacidad, ley que había sido vetada por el presidente Javier Milei pero que luego de reunir los dos tercios en ambas cámaras, el Congreso logró ratificar. ¿Por qué “creatividad”? Porque nadie que peine canas en el Palacio recuerda que el Poder Ejecutivo le “devuelva” una ley al Poder Legislativo, tal cual hizo el gobierno de La Libertad Avanza luego de promulgar la ley en el Boletín Oficial. En medio del estupor, la oposición analiza los pasos a seguir. El bloque de Miguel Ángel Pichetto impulsa una moción de censura contra el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
22 de septiembre 2025 - 13:59
Emergencia en Discapacidad: diputados apuntaron contra el Gobierno por suspender la ley
Los legisladores de las diferentes bancadas impulsan denuncias penales contra los funcionarios del Poder Ejecutivo y hasta se baraja un pedido de juicio político contra el presidente Javier Milei. El bloque de Miguel Ángel Pichetto impulsa una moción de censura contra el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
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El Gobierno promulgó la Ley de Emergencia en Discapacidad, pero suspende su ejecución por falta de financiamiento
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El Gobierno promulgó la ley de emergencia en discapacidad, pero no la reglamentó.
Este lunes, el Boletín Oficial oficializó la ley que declara, hasta diciembre de 2026, la Emergencia en Discapacidad. Días atrás, la titular del Senado, Victoria Villarruel, le comunicara la insistencia a la Casa Rosada. Lo llamativo es que en el mismo decreto se especifica su comunicación al Congreso, “en virtud de lo establecido por el artículo 5° de la Ley N° 24.629, con el fin de que incluya las partidas correspondientes en el presupuesto nacional que permitan la ejecución de la ley que por el presente acto se promulga”. En otras palabras, el Ejecutivo promulgó la ley, pero suspendió su implementación.
El artículo 5 de esa ley establece: “Toda ley que autorice o disponga gastos deberá prever en forma expresa el financiamiento de los mismos. En caso contrario quedará suspendida su ejecución hasta tanto se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto nacional”.
La “devolución” de la ley llamó la atención. Sobre todo porque la iniciativa, en su artículo 19, establece su financiamiento. En concreto, se faculta al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, a “efectuar las ampliaciones y modificaciones presupuestarias tendientes a asegurar el financiamiento de las medidas de protección y promoción de los derechos de las personas con discapacidad y de los prestadores a su favor dispuestas en la presente ley”. Al mismo tiempo, el artículo establece que las reestructuraciones presupuestarias “no podrán realizarse con la reducción de los créditos correspondientes a la finalidad ‘Servicios Sociales’.
Vale aclarar que Francos, en calidad de administrador del Estado, constantemente reestructura partidas presupuestarias. Sobre todo si se considera que, por segundo año consecutivo, Milei gobierna sin presupuesto.
"La manda genérica a realizar reasignaciones de partidas presupuestarias no constituye una fuente concreta, específica, actual y suficiente conforme se exige por el precitado artículo 38 de la Ley N° 24.156", reza el decreto que oficializó la ley de Emergencia en Discapacidad.
Congreso: las opciones que barajan los bloques
Uno de los primeros en hacerse eco del decreto fue el diputado de Encuentro Federal, Esteban Paulón. "La Constitución es clara. Ley aprobada y vigente se cumple. No existe tal cosa como 'devolver al Congreso'", escribió el socialista. Y remarcó que la "creatividad" de Milei y Francos "es causal de denuncia penal, moción de censura y pedido de juicio político".
Pero además, el rosarino se dirigió a los Tribunales de Comodoro Py para ampliar su denuncia por “maniobra inconstitucional del poder Ejecutivo". Días atrás, el diputado ya había denunciado a Milei y a Francos por la demora en la promulgación y reglamentación de la ley. La demanda era por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. También habían sido demandados María Ibarzabal Murphy, Secretaria Legal y Técnica de la Nación y Walter Rubén González, director del Registro Oficial. Asimismo, Paulón sumó al ministro de Salud, Mario Lugones, que también firmó el decreto que oficializa la ley.
La Coalición Cívica también salió a cuestionar la maniobra. "Con el Decreto 681/2025, el Presidente incurre en nulidad absoluta. Pretende inventar un procedimiento nuevo para la sanción y aplicación de las leyes, algo que la Constitución no permite", escribió el presidente del partido, Maximiliano Ferraro. Asimismo, el diputado agregó: "No es competencia del Poder Ejecutivo agregar pasos ni condicionar la vigencia de lo que ya aprobó el Congreso".
El bloque de Pichetto apunta contra Francos
En paralelo, con el diputado de Encuentro Federal Oscar Agost Carreño a la cabeza, los integrantes de Encuentro Federal Miguel Ángel Pichetto (jefe de bloque), Nicolás Massot, Emilio Monzó, Mónica Fein, Esteban Paulón y Margarita Stolbizer presentaron un proyecto para citar a Francos, a Diputados para que sea interpelado, "a los efectos del tratamiento de iniciar una moción de censura".
Entre las causales, los diputados incluirían la nulidad e ilegalidad del Decreto 685/2025; el incumplimiento de la Ley 27.793; la violación de la división de poderes del Estado; el incumplimiento en la asignación de partidas así como también, el incumplimiento de la Ley 24.156. De prosperar la jugada de Agost Carreño, el ministro coordinador podría ser removido de su cargo. Para ello, se requiere del voto de la mayoría absoluta de los miembros de cada una de las Cámaras.
Por último, el bloque de diputados de Unión por la Patria se reunirá en las próximas horas a fin de definir los pasos a seguir. Por lo pronto, más de un integrante de ese espacio, que a la vez forman parte de la comisión de Discapacidad, le confirmaron a este medio que los miembros desde ese cuerpo de trabajo podrían impulsar una denuncia penal contra funcionarios del Ejecutivo por no cumplir con la ley.
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