En Diputados ya se reglamenta la intervención

Muchas leyes en tratamiento y poca voluntad de sesionar es lo que se verá esta semana tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Un dato va a marcar el mal humor de los próximos días: la negativa del peronismo a debatir en Diputados la ratificación de los acuerdos transitorios entre el gobierno y los operadores portuarios en un caso y con Autopistas del Oeste y Autopistas del Sol por el otro. Los reproches de radicales, aristas, la izquierda y partidos provinciales por la orden del gobierno de no sesionar el miércoles pasado y permitir así la sanción de hecho de esos acuerdos el sábado pasado al vencer el plazo legal ya se escucharon la semana pasada, incluso existe una denuncia presentada por el ARI ante la Justicia en la que demanda la inconstitucionalidad de la sanción ficta -tal como sucedió con los acuerdos con las empresas- como método para aprobar leyes, que de hecho está expresamente prohibido en la Constitución nacional. Pero la bronca por haber roto códigos parlamentarios seguirá complicando las sesiones por falta de apoyo opositor al quórum.

En las comisiones la historia es distinta. A pesar de las desmentidas del gobierno sobre la posibilidad de una intervención a la Capital Federal mientras se aproxima la citación a Aníbal Ibarra para que preste declaración indagatoria en el Caso Cromañón, mañana estará terminada en la Comisión de Asuntos Constitucionales de Diputados la nueva reglamentación del procedimiento de intervención federal.

En esa ley se limita a un máximo de 180 días el plazo de una intervención federal que no podrá ser prorrogado por decreto presidencial.

Los diputados de Asuntos Constitucionales unificarán los 8 proyectos que ya fueron estudiados por una subcomisión-especial. Dentro de las definiciones quedará aclarado definitivamente uno de los puntos que generó más conflicto en marzo de 2004 cuando se debatió en el Congreso la intervención de Santiago del Estero: las autonomías municipales, o mejor dicho, si la intervención de una provincia debe recaer también sobre las intendencias.

Mientras el peronismo sustuvo que en caso de silencio en la ley de intervención «se entenderá que los municipios no son alcanzados», desde el radicalismo y el ARI, como lo propone Adrián Pérez, se quiere prohibir la posibilidad de intervenir un municipio por parte del gobierno nacional.

El proyecto que se unificarámañana termina aumentando las facultades del Congreso para controlar una intervención federal, establecer el tiempo que ésta puede durar y limitando el poder del Ejecutivo para designar al interventor.

El bonaerense Juan José Alvarez propuso que la AGN sea la encargada de controlar, mientras que el macrista Jorge Vanossi pidió que, a los 30 días de finalizada la intervención, el Ejecutivo deberá informar al Congreso sobre su resultado.

Pero finalmente se fijó que toda intervención deberá atenerse a:

• manejarse con las facultades que le otorgó el Congreso, o las que disponga la Constitución de cada provincia para el caso de intervención, sin poder ser aumentadas por el Ejecutivo nacional.

• El interventor no podrá crear impuestos, otorgar servicios públicos en concesión o convocar a una Asamblea Constituyente.

• El plazo de la intervención no podrá superar los 180 días, y el gobierno tiene 10 días para nombrar al funcionario una vez votada por el Congreso.