El sistema de ley de lemas, que pretende imponer por única vez el duhaldismo para dirimir las candidaturas presidenciales de 2003, ya tiene una demanda por inconstitucionalidad en la Corte Suprema.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
La presentación, contra la provincia de Santa Fe -donde rige hace años este mecanismo electoral-, se realizó el mismo día en que el Senado designó a Juan Carlos Maqueda como nuevo miembro del máximo tribunal. Maqueda, que deberá expedirse sobre la materia en compañía de los otros 8 ministros, es el autor de una ley de lemas que se aprobó junto con la designación de Adolfo Rodríguez Saá en la Asamblea Legislativa de diciembre de 2001. No obstante lo cual la iniciativa nunca se utilizó porque sobrevino la caída del sanluiseño y la consagración de un reemplazante, Eduardo Duhalde, también por vía parlamentaria, sin que se llegara a convocar a comicios populares.
El jefe nacional de la democracia progresista, Rafael Martínez Raymonda, es el autor de la demanda que significa, además de una embestida judicial contra el sistema de lemas, una seria crítica a Carlos Reutemann. El gobernador santafesino acaba de promulgar una norma complementaria que ratifica el mecanismo vigente.
Si bien lo más probable es que el máximo tribunal dilate cualquier pronunciamiento sobre el tema, incluso tras la finalización de la feria, el 1 de febrero, la presentación servirá de antecedente para evaluar la viabilidad jurídica de la ley que alienta el camañista Miguel Saredi. Alberto Natale -varias veces candidato a gobernador santafesino por el PDP-calificó ayer esta propuesta de «mamarracho jurídico y político».
En la demanda ante la Corte, Martínez Raymonda embistió directamente contra la provincia, la ley 10.524 y las reformas introducidas por la ley 12.079, y advirtió entre otras cosas que el marco electoral: enajena la voluntad expresada mediante el voto, desviándolo erráticamente hacia el sublema más votado con independencia de que sea o no querido por el ciudadano.
• Vulnera la facultad de los partidos políticos de designar los candidatos a los cargos políticos y públicos que impone el artículo 38 de la Constitución Nacional.
• Invade facultades del Congreso de la Nación, tanto en materia electoral como en materia de personas jurídicas.
• En el caso particular de la reforma santafesina reciente, crea una flagrante desigualdad ante la ley al permitir sublemas a los partidos y negarlos a las alianzas.
Los caciques del PDP, que integran en el Congreso el Interbloque Federal y -en su mayoría-apoyan a Ricardo López Murphy-Ricardo Gómez Diez-, se quejaron de que el PJ acomode, mes a mes, los mecanismos de selección de candidatos, según los avatares de la interna peronista.
Dejá tu comentario