Escuchas: habrá nuevo sistema en setiembre

El regreso de Néstor Kirchner desde Alemania reactivó el proyecto oficial que obligará a las empresas de telefonía e Internet a realizar una actualización tecnológica capaz de proveer al Estado información sobre contactos que realicen los ciudadanos a través de teléfonos y otros medios electrónicos.

El Decreto 1.563, que reglamentó esta materia, será de todos modos reformado parcialmente para que aquella información, que debe ser almacenada por 10 años, no alcance también el contenido de las comunicaciones (llamadas telefónicas, e-mails, chat, etc.) salvo que un juez lo requiera expresamente. Una trama de contactos y reuniones terminó por destrabar el problema en las últimas horas.

Recién llegado de Berlín en la comitiva presidencial, el diputado Osvaldo Nemirocsi realizó una exposición delante de los titulares de las principales empresas del sector, congregadas en la Cámara Argentino-Norteamericana de Comercio. Allí este legislador respondió a una de las versiones que circularon con fuerza la semana anterior: «No seré secretario de Comunicaciones. Estuve con el Presidente en Alemania todo el tiempo. Hoy los diputados que le respondemos ciegamente somos 20. Después de diciembre seremos 60 y yo no me quiero perder la oportunidad de presidiresa bancada oficialista». Sincero este rionegrino.

Nemirocsi adelantó que el gobierno no tiene intención de dar marcha atrás con todo el programa de actualización tecnológica para la intercepción de llamadas, que se explica habitualmente como una exigencia extraoficial del gobierno de los Estados Unidos. Pero aclaró que será excluida cualquier posibilidad de invasión a la vida privada.

En la misma línea se expresó Alberto Fernández, el jefe de Gabinete, reunido con los integrantes de la Comisión de Informática y de Telecomunicaciones de la Cámara de Diputados. Fernández explicó el objetivo del gobierno diciendo: «Queremos mejorar los estándares de seguridad, no meternos debajo de la cama de la gente». Adelantó que el Ejecutivo está dispuesto a que el nuevo sistema se implemente el 30 de setiembre, si es que -como se supone- no se llega a tiempo el 30 de julio como prevé el decreto. Esas palabras fueron comentadas, un par de horas después, en la comida que se sirvió en la casa de un importante directivo del grupo Techint, con la presencia de por lo menos un legislador ligado a Ricardo López Murphy. En esa cena hubo cierta insatisfacción con la obligatoriedad, por parte de las empresas, de tener que desembolsar casi 20 millones de dólares en la actualización tecnológica.