La Justicia solicitó a la ministra de Defensa, Nilda Garré, que aclare si el decreto por el cual se concedió aumento a los espías militares resulta discriminatorio respecto de la norma laboral que los rige: el Estatuto de Personal Civil de Inteligencia.
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El Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 11, a cargo de María José Sarmiento, hizo lugar a innumerables amparos de los agentes y dio un plazo de cinco días a Garré para que responda el requerimiento.
El mes pasado, Néstor Kirchner había dado aumento a los espías de la Secretaría de Inteligencia de la Presidencia (SI) que recayó en el haber básico y que se hizo retroactivo a los ajustes que el personal del Estado recibió en 2005. Ayer se conoció el Decreto Nº 1.782/2006 por el que Kirchner otorgó una recomposición salarial a los agentes civiles de inteligencia de las Fuerzas Armadas. Se calculó sobre la base de sumas fijas no remunerativas (no modifican el haber ni se computan para la jubilación), son suplementos por vestuario, vivienda y otros rubros, «simples tickets de almuerzo», ironizó un agente. La liquidación del aumento a un mismo gremio: los empleados públicos profesionales del espionaje, según parámetros distintos que resultan discriminadores es el argumento que exhibieron los amparos.
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