El Ministerio de Defensa ordenó suspender parte de las clases que se dictan en el Instituto de Inteligencia Conjunto de las Fuerzas Armadas. Es la primera acción concreta que el licenciado Carlos Aguilar, director nacional de la DNIEM -Inteligencia Estratégica Militar adopta luego de que la ministra Nilda Garré tomó el poder de los organismos de inteligencia castrenses.
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Aguilar no es un novato en el oficio de espiar. Adquirió rudimentos básicos en la Fuerza Aérea, como miembro de la disuelta Policía Aeronáutica Nacional (PAN) en el plantel de los PCI, abreviatura del argot que indica su pertenencia al escalafón de «personal civil de inteligencia». Esa categoría no garantiza «expertise» ya que la Fuerza Aérea reclutaba personal para la PAN dentro de ese escalafón sólo por el atractivo de la escala de haberes. Tampoco recibían el adiestramiento específico correspondiente a los James Bond del aire.
La medida tomada abarca las materias básicas de formación de oficiales y suboficiales de inteligencia de las Fuerzas Armadas que concurren a diario al edificio situado en la avenida Luis María Campos, contiguo al Hospital Militar Central. La creación del Instituto de Inteligencia en 2000 constituyó un paso importante para impulsar y acelerar la acción conjunta de las FF.AA. y el proceso de modernización del aparato militar. La primera fase fue de centralización de la educación, la instrucción y el desarrollo científico, que se inició con la unificación de las escuelas de inteligencia de las fuerzas en ese instituto. De allí egresan los cuadros (hoy cerca de trescientos alumnos) que luego son asignados a funciones de inteligencia en cuarteles y bases así como también analistas civiles.
Oficiales becados del Perú y de Chile que cursan junto con los criollos quedaron asombrados por la dureza de la directiva que se conoció la semana pasada. Se eliminaron hasta nuevo aviso, Inteligencia, Contrainteligencia y Acción Psicológica, vedadas al conocimiento de los militares tras el affaire del espionaje en la Base Aeronaval Almirante Zar en Trelew. Sólo quedaron en la programación curricular asignaturas complementarias como geografía, ideas políticas y otras de menor interés que no sensibilizan la epidermis de los funcionarios de Defensa.
A regañadientes, el brigadier general Jorge Chevalier, titular del Estado Mayor Conjunto, ordenó la semana pasada al comodoro Ricardo García, director del Instituto de Inteligencia, la cancelación de todas la clases que tuvieran como sustento doctrinario reglamentos reñidos con la Ley de Inteligencia y de Defensa, de acuerdo con la resolución Nº 380 que firmó Garré el 20 de abril pasado.
Con ese material didáctico -ahora cuestionado- estudió en 2004 el cabo principal Carlos Ariel Alegre, el marino arrepentido que recurrió al CELS para denunciar el espionaje a políticos en Trelew. Los profesores de esas asignaturas quedan con sus horas (y haberes) reducidos mientras dure la revisión encarada por la dirección del Instituto.
Otro conflicto larvado en la inteligencia se gesta como consecuencia de la nueva directiva militar que Garré anticipó a los altos mandos del Ejército. La exclusión de las llamadas « nuevas amenazas» como el terrorismo y su complemento financiero, el narcotráfico -convalidadas a nivel global- dejarán sin entidad dos vías de intercambio de inteligencia con los Estados Unidos. ¿Modificará la administración norteamericana el estatus de aliado extra-OTAN que tiene la Argentina? Se trata de redes de enlace informático, denominadas Surnet y Argos, cuyas terminales están en la DNIEM y brindan datos sobre amenazas de terrorismo y movimiento de buques sospechosos de transportar cargas ilegales (tráfico de materiales nucleares, drogas y armas de destrucción masiva) provistas por el Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos y el departamento de Defensa. Y lo que es más serio caería el acuerdo de confidencialidad que cada cinco años firman el Ministerio de Defensa y el Departamento de Defensa norteamericano de los Estados Unidos para manejar el acceso a esa información sensible.
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