Espionaje en Economía: la Justicia ahora investiga tráfico de influencias

En los tribunales de Comodoro Py evalúan citar a más funcionarios del Ministerio de Economía.

Fuentes judiciales consultadas por ámbito.com revelaron que detrás de las maniobras del ¿economista? Roberto Antonio Larosa en el Palacio de Hacienda se esconde un aceitado circuito de compra y venta de información pública. "Se está en la etapa de evolución de las pruebas", confiaron desde los Tribunales de Comodoro Py sin dar más precisiones, aunque aseguraron que en el allanamiento a la casa del asesor secuestraron pruebas contundentes.

Si se confirma que el presunto espía, que colaboraba con el diputado Claudio Lozano y el senador José Martínez, recolectaba datos estadísticos oficiales y luego los ofrecía a consultoras y empresas a cambio de dinero, el delito que se le imputa al intruso cambiará de "hurto calificado" a "tráfico de influencia" y "violación de documento". Las penas van de uno a seis años de prisión e inhabilitación perpetua en cargos del estado para los funcionarios que actuaron en complicidad.

Como era previsto, el Ministerio de Economía pidió este mediodía ante el juez federal Claudio Bonadío presentarse en la causa como querellante. Si el magistrado lo acepta -ya confirmado-, los enviados de Amado Boudou podrán tomar nota de todos los elementos probatorios secuestrados, podrán aportar nuevas evidencias a la pesquisa (el video completo con las imágenes de Larosa en el piso 8°, 10° y 4°), y en caso de ser necesario, tendrán posibilidad de apelar resoluciones.

El giro en la investigación caería más pesado sobre los funcionarios infieles y sobre el senador Martínez, que le pagaba entre 2.000 y 4.000 pesos a Larosa para que lo asesore en temas económicos. Para Lozano reportaba "ad honorem". Un secretario del legislador fueguino confirmó días atrás a ámbito.com que "fue designado por Martínez desde el inicio de su gestión", en diciembre de 2007. En los legajos laborales del Senado figura como empleado de la "planta transitoria", como se suele catalogar al personal que depende directo de un senador.

En Economía tampoco reina la calma. El viceministro Roberto Feletti reveló que se iniciaron sumarios internos para dar con los funcionarios que le subían la barrera a Larosa para que pase con el tren de los documentos públicos. En la mira de la Justicia figura Leonardo Markus, un experto en deuda externa ligado a grupos de la izquierda nacional del fallecido de Jorge Abelardo Ramos. Según reveló el ministro Boudou, Markus fue quien le autorizó el ingreso a Larosa el viernes de la detención. El economista izquierdista fue citado a declarar el lunes pasado, pero el giro en la investigación tras el allanamiento a la casa del presunto espía obligó a Bonadío a volver a citarlo. Este jueves, pasado el mediodía, el juez tuvo que interrumpir el segundo relato de Markus porque solicitó urgente nuevos informes a Economía. ¿Qué dijo Markus que Bonadío reaccionó de tal manera?  

Otro de los funcionarios que deberán dar explicaciones es Raúl Rigo, subsecretario de Presupuesto. Su citación judicial es inminente. Según se desprende del pequeño fragmento de video que muestra los movimientos en el cuarto piso, Larosa ingresó a su despacho con llave. También podría ser citado el secretario de Finanzas, Hernán Lorenzino. Boudou aseguró que Larosa también estuvo merodeando por su despacho del piso 10.

Sin embargo, a los investigadores les desvela saber qué hacía ese hombre a las 21:19 en la oficina 411. La respuesta -dicen- podría estar en el viejo maletín de cuero (había más que toalla, lupa, corbata y linternas) o en la computadora y la caja de documentación que se llevaron del departamento de la avenida Rivadavia. Se presume que allí estaría la otra mitad de las pruebas que complementan la ejecución de delito de tráfico de influencia: los nombres de los compradores.

Miestras Larosa cumple su primera semana tras las rejas por peligro a que entorpezca la investigación, Bonadío todavía no resolvió que hará con el segundo pedido de excarcelación presentado el miércoles por su abogado defensor, Juan Ayala. Tiene 10 días para hacerlo.