La Comisión Provincial de la Memoria se presentó como querellante en la causa por espionaje en cárceles

Política

El organismo decidió accionar en la causa, luego de que en los allanamientos se descubriesen dispositivos de escuchas en salas de visita del penal de Melchor Romero, dependiente del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) anunció este martes que se presentó como querellante en la causa por espionaje ilegal durante el macrismo que tramita en Lomas de Zamora, a cargo del juez Juan Pablo Augé, y que incluyó el seguimiento y la escucha a personas detenidas.

“La injerencia arbitraria sobre la privacidad de las personas está prohibida por la Ley de inteligencia y viola garantías y pactos internacionales de derechos humanos. Más grave aún resulta si, además, ocurre cuando se trata de detenidos y detenidas bajo la tutela del Estado”, expresaron desde el organismo que encabezan entre otros, Nora Cortiñas y el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel.

Durante los allanamientos realizados por la Justicia en el marco de la causa, se encontraron dispositivos de escuchas en salas de visita de la Alcaidía de Melchor Romero, dependiente del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).

Según la información que circuló públicamente, también se habría advertido la presencia irregular de agentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) u otras agencias de inteligencia- dentro de la Alcaidía.

En este sentido, la CPM, como organismo de monitoreo de los lugares de encierro de la provincia de Buenos Aires desde hace 18 años, decidió presentarse como querellante institucional ante la justicia federal de Lomas de Zamora.

“Las circunstancias por la que las personas detenidas pierden su libertad, no anulan ni deben menoscabar sus derechos humanos de ningún orden, menos aún los civiles y políticos. Las personas privadas de su libertad que se encuentran bajo la tutela estatal dentro de establecimientos penitenciarios, gozan de la protección a un ámbito de privacidad, amparados constitucionalmente, y mediante pactos y convenciones internacionales de derechos humanos”, señaló la CPM en su presentación.

Desde el organismo, indicaron que “la injerencia en las comunicaciones de las personas privadas de libertad con sus abogados y abogadas, además de ilegal, viola la garantía del debido proceso” y es de una “enorme gravedad institucional”.

La CPM destacó en su presentación que, entre los años 2016 y 2020, hubo una jerarquización de las áreas de inteligencia con atribuciones para la reunión de información y análisis en el ámbito del Servicio Penitenciario Bonaerense y en la estructura orgánica del Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires.

Los delitos que se investigan en esta causa ocurrieron cuando esa estructura orgánica estaba vigente y en funcionamiento.

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