La Justicia Federal benefició ayer con la «falta de mérito» a una ex funcionaria de la Cancillería que fue acusada de colaborar presuntamente con un abogado para que cobrara 140 millones de dólares de honorarios al Estado por un juicio perdido.
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La medida fue tomada por la Sala II de la Cámara que revocó el procesamiento de la mujer y le ordenó al juez Norberto Oyarbide que profundice la investigación contra la ex funcionaria y el abogado Ernesto Galante, también involucrado en el caso.
La resolución judicial favoreció a la ex secretaria de Asuntos Consulares y Generales Alicia Martínez Ríos, quien había sido procesada por presuntas « negociaciones incompatibles con la función pública».
•Origen
El expediente se inició para determinar si Martínez Ríos se extralimitó en sus funciones al intervenir en un «acuerdo de solución amistosa» entre Galante y el Estado argentino, al que el abogado reclamaba un resarcimiento millonario porque supuestamente había sido perjudicado por un fallo de la Corte Suprema de Justicia.
En el convenio, que fue firmado el 14 de noviembre de 1999, se avalaba el pago de 140 millones de dólares al abogado por haber intervenido en el proceso de quiebra de la empresa Celulosa Argentina, que recibió un fallo adverso del máximo tribunal.
El objetivo de la firma del acuerdo era evitar que Galante llegara con su reclamo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ello derivara en una sanción por parte del organismo contra el Estado argentino.
El 9 de diciembre de 2001, el entonces canciller, Guido Di Tella envió una nota a la secretaria Legal y Técnica en la que avalaba el convenio, pero cuando declaró ante Oyarbide negó haberla firmado.
Entre otras irregularidades, en el expediente constan «la informalidad del tratamiento, la ausencia de dictamen previo por la asesoría jurídica de la Cancillería, la indeterminación de antecedentes documentales tenidos en cuenta y la cuestionada firma de Di Tella en la nota de elevación a la secretaria Legal y Técnica».
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