El Senado bonaerense avanza con el análisis de un proyecto de ley que prevé la realización de rinoscopías para detectar el consumo de cocaína a los aspirantes a ingresar a la administración pública provincial.
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La iniciativa prevé que los exámenes incluyan a los futuros funcionarios de todas las áreas del Gobierno e invita a los Poderes Legislativo y Judicial y a los municipios a adherir a la norma.
El proyecto fue presentado por el senador del PJ Manuel Lozano, quien explicó que su intención "no es controlar qué hace cada persona con su vida privada, sino ayudar a curarse a los que tienen una adicción", de acuerdo con lo indicado en el diario El Día.
Los controles para detectar el consumo de drogas serían realizados a todos los aspirantes a ocupar un cargo en el Gobierno y a quienes pretendan ingresar como empleados de la administración pública bonaerense.
Pero, según afirmó Lozano, su intención es que "en una segunda etapa" se redacte otra norma para que la rinoscopía incluya a los actuales funcionarios y agentes estatales.
El proyecto de ley presentado por Lozano podría ser tratado en la sesión que el Senado realizaría hoy, ya que fue incorporado al "orden del día" y, según afirmó el legislador, en el transcurso de la jornada se reunirá con sus pares de bancada y de los demás bloques para tratar de conseguir que respalden la iniciativa.
La iniciativa que debatiría el Senado determina que "se establece como requisito de ingreso a los distintos cargos de la administración pública provincial dependiente del Poder Ejecutivo la realización de un examen físico y psíquico, que incluirá la detección de adiciones a cualquier tipo de estupefacientes prohibidos por la ley nacional 23.737".
El objeto de estos controles, de acuerdo con lo que señala el texto del proyecto, es "preservar la salud de los empleados y funcionarios, como así también disminuir el tráfico de drogas nocivas en el territorio de la provincia de Buenos Aires".
El proyecto establece que "en el supuesto caso que, de los estudios a realizar, surgiere una adicción al consumo de drogas, la persona deberá someterse a un tratamiento de rehabilitación".
En los fundamentos de la iniciativa, Lozano señala que "resulta una verdad de Perogrullo que un funcionario adicto no resulta confiable a la hora de denunciar o detener a un traficante, con lo cual el fin perseguido por la ley nacional (23.737) es de cumplimiento imposible".
También advierte que "la administración pública debería ser un modelo a seguir en el campo del control de la consecuencia del uso de estupefacientes, que constituye una enfermedad que habría que erradicar".
Y agrega que los controles de consumo de drogas que impulsa son "un pequeño paso" para "mejorar las condiciones de vida del adicto, del núcleo familiar y de la sociedad en su conjunto".
El senador peronista insistió en remarcar que la ley que propicia "no apunta a impedir el acceso a los cuadros administrativos, sino, por el contrario, facilitar los medios necesarios para ayudar a superar la adicción a quien la padece".
Lozano dijo que decidió impulsar la ley luego de recibir "varios comentarios" de personas que alertan sobre un alto consumo de cocaína entre los efectivos de la Policía bonaerense.
El legislador se mostró "aterrado de sólo pensar en policías que 'se dan' mientras sus compañeros los protegen". Por eso, aunque el proyecto apunta a los aspirantes a ingresar tanto a la fuerza de seguridad como a la administración pública, la idea es que en una etapa posterior se incluya a los que ya están empleados.
El senador afirmó que "no tendría ningún problema" en someterse a una rinoscopía y, si bien su intención no es que alguien se quede sin trabajo por una adicción a las drogas, disparó: "Si a un senador le da positivo un control, como ejemplo hacia la sociedad tendría que dejar su banca".
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