Faltan demasiados papeles en affaire de facturas truchas

Política

El kirchnerismo, ayer, amplió la denuncia contra el Gobierno porteño por el supuesto pago irregular a una empresa que figura como proveedora de publicidad, pero que el juez del caso Skanska, Javier López Biscayart, investiga como firma fantasma.

Por su parte, aliados de Jorge Telerman de la Democracia Cristiana salieron a repeler esas denuncias y afirman que no está probado que la empresa Sol Group -mediante la cual el Gobierno de la Ciudad pagó publicidad a Marcelo Tinelli-sea «fantasma».

Lo cierto es que en el expediente judicial y para cualquiera que fuera a comprobarlo, en el domicilio de la calle San Martín 881 del centro porteño, Sol Group SA no existe. Desojando el entrevero que provocó la denuncia del jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y que ante la Justicia llevó el ultraoficialista Miguel Bonasso, se desprende que el Gobierno de Telerman habría pagado una suma de dinero que excede los $ 500 mil exhibidos en las facturas que distribuyeron (tanto los acusadores como los acusados) a una firma que no existiría.

A pesar de haber mostrado la documentación de lo que sería el correcto pago, la Secretaría de Comunicación de Telerman no ha tenido respuesta contundente para justificar por qué puede haberle abonado a una empresa de ese tipo sin darse cuenta.

Es una de las respuestas que falta; también se carece de otra importante para saber hasta dónde son certeras las denuncias del kirchnerismo. Esa otra respuesta tiene que ver con que si el Gobierno porteño le pagó a Sol Group SA por avisos en programas de TV a Tinelli, cuánto cobró el animador, de Sol Group SA, por esos avisos. La productora Ideas del Sur, del empresario-conductor, no ha hecho referencia a eso. Tampoco «Canal 13», donde se supone se emitieron las publicidades (también hay en radios).

Según reveló días atrás Oscar Feito, titular del área de Comunicación del Gobierno de la Ciudad, muchas veces avisos dirigidos a un programa determinado -radial o televisivoeran facturados por productoras.

En el caso de Sol Group SA se afirma que era proveedora del Estado porteño desde hacía muchos años, es decir, estaba anotada en un registro y cumplía ciertos requisitos. Raro, ya que en la papelería judicial, la firma aparece como dedicada a la venta de bebidas al por menor, lo que algunos interpretan como distribuidora de bidones de agua. Recién poco antes de la emisión de facturas por publicidad, la firma había cambiado su objeto social para dedicarse a ese rubro.

  • Esperando respuesta

    En la Legislatura porteña esperan que el martes que viene, Feito envíe las respuestas a un pedido de informes sobre el tema.

    Si las respuestas a las preguntas elaboradas por todos los bloques no fueran satisfactorias, el funcionario deberá concurrir a ampliar a la Comisión de Presupuesto que conduce el legislador kirchnerista Juan Manuel Olmos.

    El diputado explicó a este diario cómo deben ser los controles para que una administración no negocie con empresas truchas.

    Olmos dijo que «el control lo tiene la administración. Hay un registro de proveedores donde le piden a la empresa domicilio legal, balances, etc

    Pero el legislador dijo que «lo que ocurrió es anterior a la nueva ley que tiene que comenzar a funcionar, la nueva ley de compras que obliga a un registro informatizado de proveedores y, por ejemplo, que en ese registro se anote por rubro. De esa manera saltaría si la empresa vendía bidones de agua o publicidad». Además, dijo que «se supone que se podrán cruzar datos con la Inspección General de Justicia, la AFIP y otros organismos». En otro sentido, Olmos cuestionó: «El pago a intermediarios no está permitido», en relación con Sol Group, que habría actuado como mayorista de avisos publicitarios.
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