Fin de estabilidad: es ley devaluar y emitir dinero

El Congreso puso fin anoche a 11 años de convertibilidad, después de 21 horas de discusión. El Senado, que sesionó a partir de las 10.30, convirtió en ley a las 19.37 un proyecto ómnibus preparado por el gobierno de Eduardo Duhalde que, entre otras cosas, autoriza al Poder Ejecutivo Nacional a emitir moneda y fijar el tipo de cambio, y pesifica los créditos hipotecarios, prendarios y personales hasta u$s 100.000 manteniendo la paridad 1 a 1. La norma venía de Diputados donde se terminó de aprobar en la madrugada de ayer, cerca de las 6, después de una interminable sesión que comenzó el sábado a las 17.30.

El tratamiento no resultó apacible en la Cámara Alta para el presidente designado, ya que consiguió la mayoría, pero no unanimidad. Y hasta se produjeron 5 abstenciones, el grueso de la misma tropa PJ. Aunque se mantuvo fiel a la disciplina de bloque, Eduardo Menem estuvo a punto de seguir los pasos de su hijo Adrián Menem que, algunas horas antes, se había opuesto a la ley en la Cámara Baja con el discurso de que «devaluar es ir hacia el caos».

•Mansedumbre

Curiosamente, los radicales -como si experimentaran culpa por la salida adelantada de Fernando de la Rúa-acompañaron mansamente y no levantaron objeciones, salvo Rodolfo Terragno y el fueguino Jorge Collazo que se atrevió a plantarse negativamente.

Además de Collazo, también votaron en contra los provinciales -Pablo Walter (Fuerza Republicana-Tucumán), Ricardo Gómez Diez (Renovador-Salta), Lázaro Chiappe (Liberal-Corrientes) y Nancy Avelín (Cruzada Renovadora-San Juan)-, más la frepasista Vilma Ibarra. El único integrante del Interbloque Federal que avaló el paquete de medidas fue el patagónico Pedro Salvatori, quien actuó en nombre del Movimiento Popular Neuquino y aclaró que «apoyar es la única alternativa que nos queda», a pesar de las objeciones.

El peronista Oscar Lamberto tuvo el privilegio de haber defendido el nacimiento de la convertibilidad el 26 de marzo de 1991, siendo diputado, y ayer le tocó enterrarla, en el Senado. «La convertibilidad -afirmó- fue meter el monstruo de la inflación en una botella, ponerle la tapa y dejarla cerrada». A la hora de defender el proyecto, comentó que «no pretendemos dirigir la economía, pero sí poner reglas claras para que haya competencia, que no haya monopolios y para que no exista que por sí solo pueda definir la vida del conjunto de los ciudadanos».

Otro protagonista de la misma sesión de hace 11 años, el radical Raúl Baglini deslumbró con una brillante pieza oratoria, pero pareció más el miembro informante de la iniciativa que el máximo exponente económico de la bancada opositora. Dijo que Jorge Remes Lenicov, a partir de ahora, iba a llamarse Túpac Amaru «porque lo van a querer tironear de todos lados» y censuró, sin nombrarlo a Franco Macri, por haber sugerido que el Estado debía hacerse cargo de la deuda privada.

•Objeciones

Rodolfo Terragno se atrevió a romper el tono monocorde de discursos políticos que le precedieron e incursionó en algunas objeciones técnicas. Por supuesto, reiteró la propuesta de atar el valor del peso a una canasta de monedas. Memoró que había formulado el mismo esquema en 1995 durante un debate con Domingo Cavallo y mencionó idénticas divisas, dólar, euro y real. «En aquel momento, el ministro descartó la idea, aunque 6 años más tarde intentó ponerla en práctica, excluyendo al real», golpeó.

Sólo innovó en materia de porcentajes. Le atribuyó a la moneda brasileña 40% y el resto en partes iguales entre euro y dolar. «Hoy, el peso tendría una cotización de 1,36 dólares, según este sistema», señaló. «Dentro de 1 año, el costo ascendería a 1,40», subrayó el ex jefe de Gabinete de Fernando de la Rúa.

«El éxito del nuevo régimen cambiario -argumentó Terragno-depende de la credibilidad de la nueva paridad, porque si dentro de 30, 60, 120 o 180 días se evaporarán los beneficios de la devaluación, y quedarán sólo los perjuicios que no son pocos». «No se puede sujetar el tipo de cambio a la provisoriedad que otorga un decreto», sentenció. «No podemos -concluyó con tono humanitario-dejar que a Túpac, como dijo Baglini, lo tironeen de las extremidades».

Las críticas apuntaron a la delegación de poderes en el Poder Ejecutivo. «No me opuse a delegar facultades a Fernando de la Rúa porque fuera radical», coincidieron en distintos tramos de la sesión las justicialistas Cristina Fernández de Kirchner (Santa Cruz) y Liliana Negre de Alonso (San Luis) que justificaron la negativa a levantar la mano para cederle poderes similares ahora a Duhalde, tal cual establece el proyecto. Se les acopló otra integrante del oficialismo, la salteña Sonia Escudero, y el kirchneriano Nicolás Fernández.

El bussista Walter sostuvo que «el gobierno propone un retorno a experiencias populistas que llevaron al caos a fines de los años '80, con controles de cambios y precios, y sustitución de importaciones. Aquí, los sufrimientos de la gente se deben a un capitalismo prebendario que mantuvo empresarios, burocracias sindicales y una casta política: los culpables de la crisis fueron protagonistas en los '70 y los '80 y, en algunos casos, siguen siéndolo en la actualidad», denunció sin dar nombres.

La solitaria frepasista Vilma Ibarra, que también se opuso, le agregó a este punto una fuerte moción contra el per saltum que habilita a la Corte Suprema a frenar cualquier violación al «corralito» avalada por tribunales de primera instancia. «La sociedad está reclamando que abramos un juicio político contra sus integrantes», pataleó la hermana de Aníbal Ibarra, devenida portavoz de los «cacerolazos».