El fiscal federal Guillermo Marijuan imputó a la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, en el marco de una causa que investiga un posible incumplimiento en el pedido de remoción del fiscal Carlos Gonella.
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Por ese caso, que está en manos del juez Sergio Torres, la Policía de Seguridad Aeroporturia (PSA) llevó a cabo este miércoles un procedimiento en la sede de la Procuración General, de donde se llevó información para la investigación.
La imputación que cursó Marijuan tiene que ver con un supuesto incumplimiento de deberes de funcionario público por no aplicar el procedimiento habitual ante un pedido de remoción que hizo el juez federal Claudio Bonadío contra Gonella, cabeza de la Procelac (Procuraduría contra la Criminalidad Económica).
Bonadío denunció a Gonella y pidió su desafuero luego de que el fiscal no se presentara ante reiteradas indagatorias, en el marco de una investigación por la supuesta violación de secreto de una causa judicial.
Gils Carbó desestimó esa acusación contra Gonella y acto seguido el magistrado la denunció a ella por la no aplicación del procedimiento habitual que debía realizar previo a rechazarla.
En plena feria judicial, el fiscal Marijuan, reemplazando a su par Carlos Rívolo, imputó a la Procuradora y pidió una serie de medidas ante el juez Torres.
Torres, ni bien recibió el escrito de Marijuan, pidió el expediente en la Procuración General respecto al pedido de desafuero del fiscal Gonella y a partir de ese requerimiento se realizó el procedimiento a cargo de la PSA.
La acusación que hizo Marijuan contra Gils Carbó es por la supuesta comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad.
El intríngulis judicial comenzó cuando Bonadío, a raíz de los reiterados plantones de Gonella a los llamados a indagatoria -amparándose en una recusación hacia el magistrado-, instó un pedido de desafuero hacia el jefe de la Procelac.
La Procuradora desestimó el pedido de remoción y además acusó a Bonadío ante el Consejo de la Magistratura para que se lo acuse por mal desempeño por ese caso.
Así fue como Bonadío denunció a Gils Carbó porque para resolver sobre el pedido de remoción de Gonella, ella -según consideró- debía convocar al Consejo Evaluador creado por una resolución del anterior Procurador Esteban Righi.
Se trata de una resolución dictada por Righi en 2004, en la cual se fijó que ante un pedido de remoción, se debía dar intervención al Consejo Evaluador, integrado por fiscales generales de diferentes jurisdicciones.
El fiscal Marijuan hace semanas fue desplazado de la (UFISES), la fiscalía especial que investiga delitos de la seguridad social, por orden de la Procuradora, quien ese mismo día también nombró a 16 fiscales subrogantes que ahora son objetados por un sector de la Justicia.
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