El fiscal federal Carlos Rívolo pidió al juez federal Sebastián Casanello el procesamiento de Julieta Jaime por enriquecimiento ilícito, a raíz de la compra de una moto de agua que se sospecha es en realidad de su padre, el exsecretario de Transporte Ricardo Jaime.
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Según trascendió de fuentes judiciales, Rívolo también pidió en esa causa ampliar el procesamiento al exfuncionario, quien permanece detenido en el marco de otro proceso, por orden del juez federal Julián Ercolini.
Rívolo concluyó en el escrito al que accedió NA que el exfuncionario "habría utilizado a su hija, como persona interpuesta, entre otras, para disimular su enriquecimiento ilícito" en la compra, en este caso, de la moto de agua.
Buena parte de la investigación está en camino a juicio oral y público y comprende una gran cantidad de bienes, vehículos y propiedades, y en ella también están procesados familiares de Jaime y varios testaferros que prestaron su nombre.
"Las manifestaciones vertidas por Julieta Jaime y la documentación presentada a los fines de justificar su presunta capacidad económica para adquirir los bienes registrados a su nombre constituyó un mero intento por mejorar su situación en el proceso", sostuvo Rívolo.
Y agregó que "el cuadro probatorio reunido demuestra que Julieta Jaime carecía de capacidad económica para adquirir los bienes que figuraban a su nombre".
Para el fiscal existe un "grado de certeza que esta etapa procesal requiere" respecto que "los bienes en cuestión en verdad pertenecían al patrimonio oculto de su padre".
La investigación es por la transferencia de una moto de agua que hizo Julieta Jaime, su hija, el 20 de junio de 2005: para dicho trámite se presentó una boleta de impuesto inmobiliario urbano 2004 a nombre del exfuncionario.
Para el fiscal Rívolo, Julieta Jaime "no posee extendida por Prefectura Naval Argentina habilitación náutica deportiva para conducir embarcaciones" y sospecha que detrás de la compra de ese bien está la figura del exfuncionario.
Jaime está detenido en el marco de otra causa por orden del juez Ercolini, a raíz de la compra irregular de trenes a España y Portugal.
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