Fuera de foco

Eduardo Luis Duhalde -no el político bonaerense sino el secretario de Derechos Humanos del gobierno- es buen jurista, fue correcto camarista y es buena persona, pero vive embarazosamente su misión de mantenerle a Néstor Kirchner calmada a la izquierda con alguna periódica medida generalmente demagógica. Estos prototipos de progresistas analgésicos, como los de ese instituto amorfo llamado CELS de Horacio Verbitsky, no pueden hablar de que haya 42% de índice de pobreza todavía en la Argentina o que subsistan 6.400.000 personas (últimos datos del INDEC) desocupadas, subocupadas o con sueldos -generalmente en negro- que no cubren la subsistencia de una familia tipo. Entrar en esos Derechos Humanos sería agresivo hacia el gobierno que subsidia todo, mantuvo 3 años al país en default y no logra inversiones que creen nuevas fuentes de trabajo. Estos progresistas reiteran el setentismo hasta cansar o caen, la nueva novedad en sus accionares, en demagogias con presos comunes en las cárceles. Estos, desde hacinamiento a comidas miserables, padecen de todo, es cierto. Pero ¿de qué sirve escarbar el tema permanentemente si no se critica también al gobierno que lo motiva por subsidiar ferrocarriles que no funcionan, o líneas aéreas que no vuelan, son superfluas o que sirven para que se contrabandee droga en lugar de destinar esas mal usadas partidas a las cárceles? Este Eduardo L. Duhalde llegó al extremo para llenar su cargo: se hará querellante contra los gobernadores por las cárceles. O sea, el Estado contra el Estado. Arrancará contra el buen gobernador de Mendoza, Julio Cobos, que le contestó con justeza: «Le devuelvo a la Nación los 300 presos que me mandaron». La filosofía del gobierno es tan errática que, en la misma línea, la Casa Rosada pagará dinero del Estado a abogados privados para que apoyen a particulares que quieran hacerle juicio... al propio Estado.

El gobernador de Mendoza, Julio Cobos, amenazó durante el fin de semana con «devolverle» a la Nación los 300 presos federales que mantiene en la penitenciaría provincial, como respuesta a lo que consideró una ingerencia «irresponsable» e «injusta» del polémico Eduardo Luis Duhalde en su gestión.

El secretario de Derechos Humanos de Néstor Kirchner había dicho en la capital de esa provincia que la Nación se constituirá en querellante en la causa que investiga la situación de los presos en el penal local. Este establecimiento fue visitado la semana pasada por una comisión encabezada por E.L. Duhalde, quien consideró que la situación de esos presos es de hacinamiento y que el gobierno mendocino no hace nada por remediarla. No era la primera vez que se hacía esa inspección, y la administración Cobos es acusada por Duhalde de no haber atendido a anteriores advertencias de Nación. La frase que más ofendió a Cobos fue la que se reprodujo en boca de uno de los « visitantes»: «No hay cambios dentro del penal; es como si no hubiéramos venido».

El gobernador calificó de irresponsable esa expresión y se incomodó por el anuncio de que la Nación será querellante en la investigación de casos de violencia carcelaria, en causas en las que su administración sería señalada como responsable.

La pelea le crea un nuevo frente de conflictos al gobierno nacional que ha logrado trabar una relación con los gobernadores radicales mejor que la que tiene con muchos peronistas.

También muestra un costado escandaloso de desgobierno de un Estado que va a pagar abogados con dinero público para que accionen contra el propio Estado en reclamo de resarcimiento que, si son legales, no necesitan del auspicio oficial.

• Explicación política

El aliento a estas iniciativas tiene una explicación política también: es la manera de montar una especie de brigada de vigilancia sobre funcionarios y gobernadores que le permite al gobierno central contar con herramientas de presión sobre ministerios y administraciones provinciales.

La política que en Estados Unidos se debate esta semana en torno a los juicios colectivos sirve para comparar cómo otro país se defiende de la depredación de la patria pleitera y, sin desconocer ni derechos ni obligaciones, intenta frenar la catarata de juicios multimillonarios contra el Estado y las empresas como una forma sostener el sistema económico.

E.L. Duhalde hizo aclarar que la decisión de ser querellante en todos los casos de violación de los derechos humanos es una norma de este gobierno que no está dirigida contra el Estado mendocino ni sus funcionarios, sino a «N.N.» y que la Justicia dirá quiénes son los culpables. Lo mismo puede esperar en los próximos días el peronista José Manuel de la Sota, cuya administración enfrentó también durante el fin de semana un cruento motín con varios muertos entre detenidos y funcionarios penitenciarios.

La puja entre estos funcionarios de Kirchner y el gobierno de Mendoza es otro round de la tendencia abierta con el proyecto de ley enviado al Congreso que dispone que se les pague con dineros públicos a los abogados que patrocinen a los familiares de los muertos en la disco República de Cromañón, con la diferencia de que, en este caso, con 192 muertos no se hace excepción de funcionarios públicos como objeto de las querellas.

Ese proyecto, si avanza en el Congreso, implicará que el Estado va a pagar a abogados que van a querellar al propio Estado. Con tal de salvar responlossabilidades que son políticas, la promesa a familiares -cuyo dolor es incuestionable-, el gobierno habilitaría fondos en sumas que pueden superar los $ 120 millones -según cálculos del propio ministerio del Interior-. En ese empeño el gobierno ha puesto al servicio de esos familiares a abogados del Estado para que les indique los pasos por seguir para iniciar las querellas.

¿Es posible imaginar tamaña apropiación hacia manos privadas del patrimonio público, algo que este gobierno les reprocha a sus antecesores del peronismo cuando se hicieron las privatizaciones de servicios públicos?

¿Qué hará, por caso, un familiar que se sienta mal defendido por un abogado pagado por el Estado porque se le venza un plazo de presentación de un escrito? Seguramente, accionará otra vez contra ese abogado con nuevos honorarios para el abogado pagados siempre por el Estado.

El gobierno, previendo algunos excesos, trata de limitar en el proyecto el pago de honorarios a las causas penales que se inicien. ¿Pero qué damnificado que gane una causa penal contra un funcionario del Estado no va después a ir a Tribunales tras un resarcimiento civil por daños y perjuicios, pagados por el mismo Estado y con el cargo, además, de los honorarios?

Prevé la incongruencia un sector de familiares de las víctimas de Cromañón que rechaza ese favor oficial.

Esta puja se conoce al mismo tiempo en que el Congreso de los Estados Unidos se dispone a votar una ley que limita los juicios colectivos que suelen iniciarles los particulares a las empresas o al Estado cuando se sienten vulnerados en sus derechos como ciudadanos consumidores.

• Declaración

El Senado de Washington votó este recorte a las llamadas «class actions» el jueves pasado, y ese mismo día el propio George W. Bush hizo una declaración pública incitando a los diputados (representantes) a que aceleren la aprobación de la ley esta misma semana. Según la norma que, se descuenta, será aprobada, los jueces de los estados no podrán tramitar demandas por más de u$s 5 millones o que sean iniciadas en un estado por ciudadanos que residen en otro. Estas pasarán directamente a la Justicia federal de ese país, cuyo código de procedimiento hace más difícil el trámite, y entre cuyos jueces, además, domina una posición hostil a las «class actions».

«Una sociedad litigiosa -dijo ese mismo día Bush en una reunión en el Departamento de Comercio- es una sociedad que dificulta el flujo de los capitales. Una sociedad capitalista depende de la capacidad de sus ciudadanos para tomar riesgos. Estoy convencido de que los juicios que se multiplican le impiden al público tomar esos riesgos.»

Esta ley que Bush patrocina se limitaal mundo de los negocios, acosado, según ese presidente, por los estudios de abogados que hacen fortunas con esas «class actions», un tipo de demandas que no se estila en la Argentina (la ley las impide hasta ahora). Pero indica una manera de reaccionar de un Estado contra la apropiación de lo público por los privados.

No agrede al dolor de las víctimas y sus familiares decir que existe el sistema jurídico para decidir responsabilidades criminales, administrativas y patrimoniales. El derecho también prevé quién debe pagar los resarcimientos, quién y cómo debe pagar los honorarios de los litigios sin necesidad de que los gobiernos auspicien a un sector del público en acciones contra el propio Estado.