Los legisladores que impugnaron el ingreso del diputado electo Luis Patti al Congreso sostuvieron en sus alegatos que el ex comisario se encuentra "inhabilitado moralmente" para acceder al cargo, mientras los abogados defensores insistieron en que "no se presentó ningún soporte documental" que sostuviera las acusaciones contra su cliente por violaciones a los derechos humanos.
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Las argumentaciones -formuladas ante los integrantes de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara baja- fueron el último paso antes de que se emita el dictamen recomendando o rechazando aceptar la impugnación contra Patti, que se conocerá el próximo martes a la tarde.
Según anticiparon hoy fuentes legislativas, el dictamen se tratará el 23 de mayo próximo en una sesión especial y será necesario obtener el voto positivo de los dos tercios de los legisladores presentes en el recinto para impedir la asunción del impugnado.
Sobre el diputado electo por el PAUFE -ex socio político del duhaldismo- pesan cinco impugnaciones que lo vincularon con el secuestro, tortura y asesinato de los dirigentes peronistas Eduardo Cambiasso y Ricardo Pereyra Rossi, en mayo de 1983, poco antes de que terminara la última dictadura.
Los diputados que cuestionaron su ingreso subrayaron también que está abierta una causa por el secuestro y asesinato en marzo de 1976 del militante Gastón Goncalves y otra investigación por encubrimiento del teniente coronel Luis Arias Duval y el teniente coronel Jorge Granada, quienes se encontraban prófugos en una por su presunta participación en el terrorismo de Estado.
Si bien Patti no se presentó hoy ante la comisión legislativa, se ocupó de que un colaborador distribuyera una "Carta abierta dirigida a los argentinos y especialmente a los bonaerenses" en la que sostuvo que el proceso desarrollado en torno a la impugnación es "sólo una puesta en escena para tratar de legitimar" su "persecución política".
Esta mañana, en la sala del edificio anexo de la Cámara de Diputados, que a diferencia de las anteriores reuniones se encontraba colmado, se dieron cita algunos de los testigos que declararon contra Patti como Luis Geréz, quien dijo que el ex comisario comandó un grupo de policías que lo torturó en 1972.
Además, se encontraban la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, Tati Almeyda, dirigente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, y tres jóvenes que fueron apropiados durante la última dictadura, Juan Cabandié, Horacio Pietragala Corti y Manuel Goncalves, y su hermano Claudio, con quien se reencontró hace algunos años.
En la primera exposición de la jornada, el diputado Remo Carlotto expuso un alegato que contuvo los planteos jurídicos y políticos que luego realizaron Araceli Méndez de Ferreyra, Miguel Bonasso y Carlos Tinnirello, quienes también habían impugnado a Patti.
Carlotto sustentó su argumentación en que la Constitución permite a los legisladores "juzgar los títulos de sus pares" y detalló el contenido de las pruebas testimoniales que se recogieron en las audiencias de la comisión parlamentaria.
Allí repasó las declaraciones de los distintos testigos y destacó que todos ellos señalaron a Patti como "policía que amenazaba en la calle antes y durante la dictadura".
Puntualizó que el ex policía también fue señalado por el sindicalista Orlando Ubiedo como representante "de inteligencia de Coordinación de la Policía Bonaerense" y que "se demostró su enfrentamiento manifiesto con el grupo de militantes peronistas que integraba Goncalves".
"Entre el 20 y el 30 de marzo de 1976 se produjo una cacería humana en Escobar y cada testimonio vincula a Patti con estas desapariciones y se detalló su tarea de inteligencia", subrayó Carlotto.
Indicó también que las pruebas periciales realizadas a los cadáveres de Cambiasso y Pereyra Rossi demuestran que "sus muertes no se corresponden con las versiones policiales -Patti había reconocido que se enfrentó a tiros con ellos- porque hay marcas de tortura pre morten".
"Hay infinidad de elementos que muestran que ese proceso fue irregular", agregó Carlotto al referirse al juicio que terminó con un sobreseimiento provisorio que se convirtió en definitivo por el paso del tiempo, pero sobre el que hay dudas respecto de la existencia de presiones sobre el magistrado que actuó en la causa, como indicó un informe de la Embajada de los Estados Unidos.
A su turno, los abogados defensores, Rafael O'Gorman y Silvio Duarte, sostuvieron que ni en las impugnaciones ni en los testimonios orales se pudo presentar alguna prueba documental que sostuviera los planteos contra su defendido.
"Se dijo que quería el cargo para obtener impunidad y nada de eso es así. La idoneidad que tiene Patti se la dan los 400 mil electores que votaron por él en las últimas elecciones y eso le da la razón. Este es un caso típico de la acumulación de poder de este Gobierno, que no quiere tener a nadie en contra en el Congreso", sostuvo O'Gorman.
Concluyó: "se puede hacer un caso de índole casi fascista, y al que le quepa el sayo que se lo ponga".
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