20 de diciembre 2001 - 00:00

Fuerzas de seguridad están acuarteladas

Todas las fuerzas de seguridad dispusieron ayer el acuartelamiento de sus efectivos y se encontraban en alerta máximo a partir de la decisión del gobierno de Fernando de la Rúa de decretar el estado de sitio.

La aplicación de la medida, que anula las garantías constitucionales, obligó a las fuerzas de seguridad a redoblar los mecanismo de vigilancia interna en los principales centros urbanos del país.

La situación de conmoción social fue monitoreada en todas las provincias y el Ministerio del Interior puso especial atención en aquellas que fueron epicentros de desbordes como las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Mendoza, San Juan, Corrientes, Neuquén y Tucumán.

También se evaluaba como posibles focos de conflictos la situación social en los distritos de Chaco, Misiones Salta, Jujuy, y Río Negro.

Según las primeras evaluaciones, en la periferia de Buenos Aires fue donde se produjo la mayor cantidad de saqueos, seguida por Rosario (Santa Fe) donde hubo dos muertos, en tanto que en Córdoba ocurrieron los incidentes más violentos producto de enfrentamientos entre empleados estatales y la Policía.

• Refuerzos

Como primera medida se ordenó reforzar la seguridad en comercios y grandes cadenas de supermercados principales blancos ayer de los saqueos.

Una fuente policial comentó a este diario, que también comenzó a realizar inteligencia interna en los sectores poblacionales que reúnen los mayores índices de pobrezas y marginalidad, como es el caso del conurbano bonaerense y la ciudad de Rosario, lugar donde reside 50 por ciento de los habitantes de Santa Fe y es alta la tasa de desempleo.

En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, que también sufrió el efecto dominó de los saqueos ocurridos en otros puntos del país, se aumentaron los controles de personas y el tráfico de vehículos en las zonas de accesos a la Capital Federal.

El jefe de la Policía Federal,
Rubén Santos, se instaló durante la tarde de ayer en la Dirección de Operaciones, desde donde monitoreó la tensa situación y coordinó las acciones de prevención, mientras comerciantes de los barrios porteños de Once, Palermo, Lugano, Liniers, Flores y Constitución cerraban las persianas de sus comercios temerosos de los saqueos. La seguridad también fue reforzada en el Senado ante la posibilidad de que se produzcan protestas en las inmediaciones del Congreso.

La Federal también dispuso el acuartelamiento de sus 35 mil efectivos
, suspendió francos, los servicios adicionales y retiró la fuerte custodia dispuesta para el juicio por el atentado en la AMIA en los tribunales de Retiro. Según voceros «los miembros de la fuerza presentarse a sus destinos y permanecer allí hasta nueva orden».

El ministro de Seguridad bonaerense,
Juan José Alvarez, adoptó una medida similar para la Policía Bonaerense y conformó un comité de crisis para evaluar y definir las medidas que se adoptarán a partir de la declaración de estado de sitio. Se aclaró que «la prioridad es evitar nuevos desmanes».

En el caso de Prefectura, los mecanismos de alerta ya habían sido puesto en práctica desde la noche del martes.

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