Ganancias: gobierno pudo evitar la crisis

Eduardo Arnold

La protesta de los trabajadores del petróleo en Santa Cruz es la consecuencia de un problema impositivo que el gobierno se ha negado a enfrentar desde hace seis meses, a pesar de las presiones sindicales e inclusive internas dentro del PJ y el propio kirchnerismo: la existencia de un mínimo no imponible en el tributo a las Ganancias demasiado bajo como para alcanzar ahora a los salarios de convenio de gremios que han conseguido mejoras como el petrolero e inclusive a los camioneros de Hugo Moyano.

Y este último punto es quizá definitorio para entender por qué sindicatos aliados a Néstor Kirchner en su provincia desde hace meses terminaron en un proceso de lucha que tiene paralizados, desde hace algunos días, mucho mas que la producción petrolera en Las Heras.

Esa pelea es también consecuencia de lo que se vivió en la Cámara de Diputados en la penúltima sesión del año pasado cuando se sancionó la prórroga del Impuesto a las Ganancias. En ese momento el gobierno sólo pensó en rechazar la suba en el mínimo no imponible y no hurgó en otras posibilidades como elevar las deducciones especiales que permiten bajar la carga del tributo para algunos sectores. Sólo se publicitó la posibilidad de hacerlo con los sueldos pagados al personal doméstico, una idea viene en realidad desde el gobierno de Eduardo Duhalde. Bajo la misma técnica, como se le propuso, podría haber pensado en una deducción especial por zona desfavorable para los trabajadores de Santa Cruz, que cobran sueldos por encima de la media nacional -como en buena parte de la Patagonia- pero enfrentar altísimos costos de vida, desde comida hasta alquileres que se cotizan al doble que en la Capital Federal.

La oposición había sostenido durante todo el proceso de debate de la prórroga de los impuestos que vencían el 31 de diciembre pasado la necesidad de elevar el mínimo no imponible tanto en Ganancias como en Bienes Personales; el radicalismo le agregó la necesidad de coparticipar la totalidad del impuesto al cheque. Detrás presionaban los operadores de Hugo Moyano en los pasillos -sus camioneros quedaron todos pagando Ganancias después de la última negociación de convenios- y el Sindicato de Petroleros Privados de Santa Cruz -los mismos que ahora protagonizan la crisis en esa provincia-, que llenaron de e-mails las casillas de correos de diputados y senadores con sus pedidos. El gobierno no aceptó ninguna de las propuestas.

En el caso de Ganancias lo hizo alegando que la discusión debería darse en 2006 para afrontar una pérdida en la recaudación de casi $ 600 millones como producto de duplicar el mínimo en Ganancias para dejar afuera del alcance del impuesto a los salarios de hasta $ 4.400, en lugar del límite de $ 1.840 para solteros y $ 2.440 para trabajadores casados que rige hoy.

La votación ese día fue un claro ejemplo de la ruptura dentrodel oficialismo. El duhaldismo votó en contra de prorrogar Ganancias sin introducir modificaciones y en el kirchnerismo el santacruceño Eduardo Arnold también se negó a convalidarlo.

Arnold, que fuera antes un incondicional íntimo de los Kirchner, demostraba con esa acción su alejamiento del Presidente, quien por otra parte ya lo había expulsado de su núcleo de confianza al sacarle la vicepresidencia primera de la Cámara para dársela a Patricia Vaca Narvaja. Pero votó no sólo en contra del Presidente, sino también bajo la orden -que mostró por escrito- de los habitantes de su pueblo de origen, precisamente Las Heras, donde ahora estalló la protesta. En Santa Cruz recibió luego la reprobación general con notas virulentas en su contra publicadas en medios oficialistas de su provincia.

• Sugerencia

De toda esa discusión sólo quedó la inclusión del artículo 24 en el Presupuesto Nacional 2006, en la que se sugiere al gobierno que en un plazo de 120 días analice la posibilidad de modificar el mínimo no imponible en Ganancias y Bienes Personales, algo que pareció que no iba a cumplir hasta que estallaron los problemas en Santa Cruz.

De todas formas hay otros hechos en medio de la historia. En Economía ya se analiza desde diciembre la posibilidad de reducir la carga del Impuesto a las Ganancias que tiene un peso mayor desde que Fernando de la Rúa y José Luis Machinea no sólo redujeron el mínimo no imponible, sino que recortaron las deducciones -tanto la especial como las familiares- y modificaron la escala del tributo (fue esa combinación letal para el consumo que terminó llamándose «el impuestazo»).

La vía elegida ahora por el ministerio, con cierta lógica, no sería la de elevar el mínimo no imponible sino trabajar sobre las deducciones permitidas en Ganancias, en varios sentidos.

En el sistema argentino se autoriza a deducir del impuesto: una deducción especial, deducciones por hijo, por cónyuge, por familiar a cargo, por gastos de sepelio y se habilitan otras como los seguros que paga el contribuyente, intereses por créditos hipotecarios, o la cobertura médica en ciertos casos. En esa lista se incorporó
en diciembre, por ejemplo, al salario de los empleados domésticos hasta $ 4.020 anuales. Es sobre un posible aumento de estas deducciones que trabaja ahora Economía que, por otra parte, surtirían el mismo efecto que elevar el mínimo no imponible al eximir de Ganancias salarios que quedaron alcanzados en el último año. Hacer lo contrario, piensan, podría implicar beneficiar a algunos sectores cuando en realidad la presión sobre los sueldos más bajos sigue siendo alta en un país donde el IVA sobre todos los productos, incluso alimentos básicos, se ubica en 21%, nivel de los más altos del mundo.

En el caso de Santa Cruz, según explica en el Congreso el peronista santafesino Oscar Lamberto, la solución podría pasar por algo similar. Al ser Ganancias un impuesto nacional, no puede pensarse en establecer un mínimo no imponible especial para esa provincia, o para toda la Patagonia. Pero podría perfectamente establecerse una deducción especial por zona desfavorable.