Garavano presentó a la Corte Suprema su plan de ocho leyes para reformar la justicia

Germán Garavano

El ministro de Justicia, Germán Garavano, presentó a la Corte Suprema de Justicia su plan de reforma del sistema de judicial que incluye la unificación de los juzgados criminales y correccionales, una nueva ley del Ministerio Público Fiscal, el juzgamiento unipersonal para delitos menores y la creación de un fuero especial para investigar el crimen organizado.

El objetivo declarado del plan, denominado Justicia 2020, es equiparar la distribución del trabajo y agilizar los procesos en trámite, pero ya ha generado revuelo entre los jueces federales con asiento en los tribunales de Comodoro Py, que suponen que la reforma les quitará poder.

Acompañado del coordinador del plan, el ex ministro del área Ricardo Gil Lavedra, Garavano fue recibido en el cuarto piso del Palacio de Tribunales metropolitano por el titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti, y los otros ministro que integran en la actualidad la cabeza del Poder Judicial, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda.

El borrador de los proyectos de ley ya había sido entregado en una ronda que Garavano mantuvo con los federales, tanto de primera instancia como camaristas y de Casación, hace un par de semanas con vistas limar asperezas y lograr consensos antes de enviarlos al Congreso.

Uno de los proyectos centrales para la agilización de los trámites es la unificación de los Juzgados Nacionales en lo Criminal de Instrucción y los Juzgados Nacionales en lo Correccional, que pasarán a denominarse Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional, con distribución de personal de acuerdo a las necesidades operativas.

Los nuevos tribunales orales juzgarán de forma unipersonal los casos de suspensión de juicio a prueba, abreviados y delitos de hasta 6 años de forma obligatoria, dejando el tribunal colegiado para los casos con penas de 15 años o mas.

Otro de los puntos que genera resistencia es el de proyecto de "fortalecimiento" de los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Capital Federal", que en los hechos significaría un "traspaso" de esos tribunales a la Ciudad y genera resistencia en el seno del poder judicial.

Para descomprimir en forma inmediata las tareas de los Tribunales Orales en lo Criminal Federal se prevé la disolución de dos Tribunales Orales en lo Criminal de la Capital Federal y la transformación de cinco Tribunales Orales en lo Criminal de la Capital Federal en cinco Tribunales Orales en lo Criminal Federal.

Los funcionarios y empleados de los tribunales que se disuelvan integrarán la dotación de los Tribunales Orales en lo Criminal Federal N° 7 y 8 y los cinco nuevos TOF de CABA se integrarán por los jueces correspondientes a los TOC de CABA. Todos mantendrán sus cargos y funciones en los respectivos órganos jurisdiccionales.

Con la modificación de las Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal se prevé establecer un plazo de cuatro años para su titular, que ocupa Alejandra Gils Carbó, y la creación de cuatro subprocuradurías temáaticas.

También tendrá cuatro años de vigencia la titularidad del Ministerio de la Defensa Púbica, a cuyo frente esta hoy Stella Maris Martinez, que al igujla que Gils Carbó integran Justicia Legítima.

Mediante la denominada Ley de Fortalecimiento de la Justicia Federal con Asiento en las Provincias se prevé crear 63 Juzgados Federales de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional en las provincias, en los que también se deberán designar los fiscales y defensores correspondientes.

Un aspecto nodal de la reforma es la creación de un fuero federal especifico para investigar el crimen organizado conformando un Equipo de Jueces Federales del Crimen Organizado que tendrá jurisdicción y competencia en toda la Argentina, considerada a este efecto como una sola jurisdicción judicial.

El equipo intervendrá en delitos en los que haya indicios de que se trata de redes criminales asociadas al narcotráfico, delitos de corrupción, trata de personas y contrabando los que dejarán de ser competencia de la justicia federal, en la quie recaeran los caso de corrupción.